EL PAJARO BRAVO ENTREGA 2

• Rrrruua, grrrrr, grrrrr, aquí el pájaro bravo presente para llevarles a todos ustedes los últimos comentarios y rumores del valle de la gozadera, no necesito aclararles que me refiero a Altagracia de Orituco. A ver, ¿quién me contradice?. Para los que les gustan los numeritos, nos bebemos dos gandolas de cerveza semanal, una guará cuñao y to’el mundo se viene pa’ca los fines de semana que comienzan los jueves y terminan el lunes. Campaña por la alcaldía. Partidaaaaa, muy pareja la largada, como dicen los narradores de carreras de caballo, arrancaron los candidatos para echarle mano a la alcaldía del municipio Monagas, major dicho, a los reales que hay allí, cues, je, je. El alcalde actual, Carlos López Garces, anda como perro en patio de escuela porque no saber le va a venir la pedrada. Tiene una pelea cazada con el gozón, Eduardo Manuit, que no es enemigo chiquito; se echo encima a la mayoría de los concejales encabezados por su presidente José Medina, y para completar, sus propios empleados le están jugando quiquiriguiki con los churupos que hay allí. Como les conté en la otra entrega, hay unos milloncejos perdidos por allí, no han aparecido, y el gas expelido (llámese peo) revienta en cualquier momento. Apuntando pa’otro lado, todavía me duele la barriga de tanto reirme cuando leí las declaraciones del candidate a la alcaldía por Un Nuevo Tiempo Dr. Iván Zerpa en el blog chavista de orituco.com sobre la inseguridad en el municipio. Zerpa, que ya su apellido hace que uno se agache porque puede venir un botellazo, un tiro o un puñalaón por algún lado, y que va a solucionar el problema con “políticas orientadas al rescate de los valores familiares”, ja ja ja ja, cuas cuas, jaja, éste si tiene b..voluntad. No ha habido una pelea, homicidio, cayapa etc en los últimos 40 años de Altagracia donde no esté involucrado algún miembro de la banda de los Zerpa. Porque eso es lo que son, una banda. Se hacen llamar productores agropecuarios pero lo que han producido son hijos regados por todos lados, y camorras por trancazo. Ahora y que van a rescatar los valores familiares del pueblo y solucionar los problemas de inseguridad, jajajajaja, otra vez, que me meo. ¿De que manera? ¿Cómo hicieron con el muchacho que estaba en el árbol al cual mataron cobardemente? ¿O invadiendo la casa del que mató a uno de éllos tratando de defenderse? ¿ O invadiendo el hospital para rematar a un herido de una pelea? Por menos que eso el Dr. Gonzalez Aragort y su familia huyeron del pueblo. A éstos matones la gente les teme pero siempre pagan por algún lado,bien sea  al CICPC, fiscales del ministerio publico, jueces, o en el mas allá. ¿Qué diferencia hay entre un malandro con real y uno limpio? Ninguna salvo que el primero es mas peligroso. Imagínense uno de esos sujetos de alcalde. Olvídate de echarte una cervecita en un cualquier local del pueblo, y nuestra mujeres, encerradas en la casa no sea que se antojen de la mamá o la abuela de uno, bicho. En busca de la gobernación. La visita de William Lara a Altagracia reunió las fuerzas chavistas opuestas a Eduardo Manuit. En realidad no dijo nada que nosotros no sepamos. Que si funcionarios de poliguárico están involucrados en actos criminales en la región y que decenas de millares de hectareas de tierra fertil guariqueña pertenecen a Manuit bajo interpuestas personas. ¿ Por que lo dice ahora? Porque cree que nosotros somos idiotas y no nos damos cuenta que anda buscando lo mismo que Eduardo Manuit ya tiene, biyullo. Pero no dijo nada de las relaciones del narcotráfico con funcionarios de poliguárico. Por ejemplo, como se explica la aparición de un fusil FAL de poliguárico en un alijo de droga hallado en el Guárico. Una pregunta para William Lara sería: ¿Por qué no sometieron a voto de la asamblea nacional el informe del comité que investigó a Eduardo Manuit y lo halló responsable de las violaciones a los derechos humanos en el estado Guárico? Ahhhhhh, la respuesta es simple: porque son iguales a Manuit y se protegen unos a otros, la ya bien mentada y conocida sociedad de cómplices que han criticado tantas veces. Madre Candelaria, perdónanos por favor. El anuncio de beatificación de nuestra Madre Candelaria de San José fué aprovechado por los polítiqueros, entre éllos Manuit,  para sacar provecho personal de diversas maneras, hasta maltratar hasta la mismísima madre vistiéndola de roja al lado de Manuit y Chávez y desalojar a las monjitas de su lugar prometiéndoles villas y castillos. La adquisición de la casa del Dr. Diago en 400 millones para alojarlas “temporalmente para siempre” fue otra oportunidad para quedarse con unos milloncejos. Esa casa está en mal estado ya que presenta serias filtraciones que por lo que veo no van a ser reparadas pronto. Mientras tanto, nada que comienzan las obras para su santuario y vivienda para las predecesoras de nuestra beata y las niñas. Imagínense lo que les espera, se están metiendo con el santo y con la limosna. El diccionario guariqueño. Productor agropecuario: Llámese a agricultor o poseedor de vacas pero con real o aparente riqueza. Agricultor sin riqueza es major conocido como campesino o becerrero. Ya me voy ya me despido, ya me despido adios ingrato cariño….se acercan los carnavales. Seguimos pendiente con aquello de los contratos a amigotes etc. Pueden comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico pajarobravo@huelemal.com

EL REPORTE DEL PAJARO BRAVO Entrega # 1

RRRRuuuuua, rrrrua   desde el copito de este cotoperí veo una humareda,  y parece que sale de la alcaldía. Estoy seguro que indios guaiqueries no son, esos no usan mas el humo o los tambores, sino que andan con celulares en el guayuco. ¿ Como no se les cae?  Aqui, mas arrecho que sapo llevando sol  al ver mi pueblo pasmao habiendo recibido tanto billuyo. Y es que hay mucho comemuslo suelto y tienen un olfato vergatario para saber donde están los reales. En esta mi primera entrega vamos a compartir los rumores, chismes e informaciones que flotan por todo el pueblo pero que nadie se atreve a decir en voz alta. Tambien tengo un puñito de tucusitos, cacaítas y cotuas sabaneras que me traen información verificable la cual  les diré para que estén moscatel. Secreto a voces. Al parecer el alcalde López Garcés se le quito la engurruñadera y se enfiló contra el gobernador Manuit. No es para menos, al parecer se enteró que éste está tras los disturbios que sucedieron en la alcaldía el 26 de octubre del 2006 aprovechando el vil asesinato por el ampa común del taxista Enoc Aguiar, que en paz descanse. Y es que Manuit, que como Uds conocen,  sabe utilizar muy bien esas sucias y violentas mañas, aprovechó la situación para decirle a  su gente aquí que saqueara la alcaldía y creara en el pueblo un rechazo contra el alcalde como único responsable de la inseguridad en el municipio. Claro, como Garces no ha sido incondicional con él, entonces busca la manera de sacarlo de la alcaldía para meter allí a su curruña Orlando Zambrano. No sabe nada el enfermo ! Algo así como hicieron con el alcalde de Guaribe Manuel Parao a quien reventaron  facilito aprovechándo la vaina de las inundaciones, como si eso fuera culpa de èl.  Y es que hay tanto apendejado caminando por ahi, la vaina es que a mi no me toca ni uno.La diferencia es que Carlos López Garcés es mas inteligente y testarudo, imagínense, esa cabezota  dura como las piedras de la quebrada deTinapuy. En estos días andaba yo buscando una aspirina por todo el pueblo y no consegui ni una. ¿ Y saben por que?  Es que el día anterior le había dado dolor de cabeza al alcalde y se acabó todas.  Quizás el lado flaco de Garés es  que algunas de las personas que lo rodean, hechos los gafos, se estan llenando con el proyecto de recuperación del orituco. Tengo a un pájaro picón picón buscándome la información acerca de una sobrefacturación de materiales y servicios en este proyecto que practicamente se quedó sin una locha (me reservo mi locha negra, cues, je)  No hay  que ser muy avispao pero uno de sus asesores, que no tenía bienes inmuebles, ahora disfruta de  una fincooota. Tambien una arquitecta que trabajo en el mismo proyecto cambia de carros de la misma manera que cambia de pantaletas.  Como decimos por aqui : “no se, pero como que nos están comiendo el maiz salteao con eso del proyecto” y no es para menos,  son muchos miles de millones de bolivares.  Al poco tiempo  los veremos como a Salomon Garcia comprando todas las fincas alrededor de Altagracia y gozando de la vida loca sin ningun castigo. Bueno, el castigo llega por donde menos se lo imaginan, pero de que llega, llega. El carnaval. ¿ Que es lo que pasa con el carnaval que alborota el avispero o el mariposero?  Que si Kiko es tramposo, que Trino está en todas  las directivas de ferias, que si Tirso es vitalicio tambien; por favor, ni que fuera el miss Venezuela, nojoda. ¿ No será que esas directivas manejan mucho dinero? Hmmm, me le voy a posar cerca de las reuniones para ver por qué tanto jaleo con esa vaina.  ¿ No será que los sobornan con pescao rayao salao?  Recuerden  que eso jala mas una guaya de teleférico. Bueno señores, los dejo por el día de hoy ya que tengo que darle una vuelta a mi nido ya que hay mucho gavilán pollero revoloteando por allí. Pónganse las pilas y coman avispa porque cigarrón atora.  En la próxima entrega les tengo unos aliñaos de gente que están buchones despues de haber pasado por el gobierno. Ah y tambien de unos carajos de la oposición que recibieron unos contratos que cualquier chavista cambiaría por la mujer, como le paso a áquel marido de la concejala. No se les olvide enviarme comentarios, rumores, chismes y sobre todo noticias confirmables a mi correo   pajarobravo@huelemal.com.   Hasta la vista.

CORRUPCION ANULA PLANES ESTATALES Y ENRIQUECE A PICAROS EN EL MUNICIPIO MONAGAS

Los proyectos oficiales para financiar planes de desarrollo industrial se han convertido en nido de la corrupción y una inagotable fuente de estafa a la nación venezolana.  Dentro de esta situación se enmarca lo ocurrido en el Estado Guárico con el complejo agroindustrial CAIGUA, establecido en Altagracia de Orituco, el cual sirvió para materializar una gran estafa a la Nación, siendo representada dicha empresa tomatera por un ciudadano de nombre Salomón García, quien recibió de manos del propio presidente Chávez uno de los primeros créditos que él entregó en un acto celebrado en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores.  Pero ese proyecto de desarrollo que tanto deslumbró al jefe del Estado, por los resultados que él estimaba pudiera dar al país, resultó ser una especie de telaraña para que un grupo se apoderara de esa empresa que inicialmente era privada y se desviara el dinero que pensaban obtener a través de esa persona jurídica. Eso ocurre cuando estaba iniciándose el año 2001, cuando García, ante las dificultades de la empresa, se incorpora a ella como accionista mayoritario. Su hermano José Luis García era el alcalde de turno y el gobernador para ese momento era Eduardo Manuit, estrenándose en el cargo. En diciembre de 2000 Caigua, todavía en manos de sus accionistas fundadores, recibe de la banca privada un crédito para inversión agrícola por un mil ochocientos millones de bolívares, pagadero a plazo de treinta meses, que retorna parcialmente al ente acreedor. Pero en vista de que los conflictos entre algunos accionistas no cesaban y no les permitía desarrollar los proyectos, lo cual los ahorcaba, algunos ratificaron la idea que mantenían desde 1998 de aumentar el capital, que se materializa en diciembre de 2000. Comenzando 2001 la banca privada, en su condición de acreedor asume el valor de las acciones (aumento de capital) por la deuda pendiente y promociona la venta de las mismas, y es aquí cuando aparece el nuevo socio Salomón García Loreto, quien se compromete con el banco al pago total de las acciones a posterori. Los documentos obtenidos demuestran que es a partir de ese momento cuando pasa a ser accionista mayoritario y solicita de forma inmediata un crédito al Estado, el cual le otorgan y con ese dinero, que debía emplearse en el desarrollo del proyecto tomatero (entre otros aspectos al subsidio de los productores que debían proveer de tomate a esa industria), lo que hace es pagar a la banca privada parte de las acciones adquiridas por él.  En definitiva paga la mayoría de las acciones con el dinero obtenido del Estado, no precisamente concedido para esos fines. Cancelando dichas acciones y efectuando otros gastos se descapitalizó, lo cual trajo como consecuencia la paralización de la industria y la pérdida de unos cuantos millardos en detrimento del Estado venezolano. ¿Quién paga por todos estos actos de corrupción? Pues la población que no tiene palanca política y que cada día esta más empobrecido. Según varias declaraciones obtenidas por este semanario en Altagracia de Orituco por personas afectadas, señalan que García para poder apoderarse de la empresa dio una serie de pasos que, presuntamente, comenzaron con la emisión de varios cheques sin fondo en la compra de terrenos en la zona, así como la presunta entrega de bienes en garantía a la banca privada que resultaron ser propiedad de otras personas que nada tenían que ver con esas negociaciones. Se comenta en el pueblo que pese a todo ello el citado personaje sigue libre y desde luego efectuando jugosos negocios con funcionarios de alto nivel en el gobierno regional. Lo extraño de todo es que para que se aprobaran esos créditos del Estado, de alto monto (seis millardos de bolívares), los mismos debían estar sujetos a los programas de desarrollo del gobierno regional que debía dar su aprobación previa.  Alerta, presidente Chávez, no deje que el enemigo siga cruzando las líneas. Y el enemigo de todo pueblo es la corrupción y los que la apañan.  Durante las investigaciones se pudo contactar a uno de los accionistas fundadores, José Luis Parra, quien se refiere a lo que fue el comienzo de la crisis para el complejo agroindustrial tomatero, el cual finalmente pasó en su mayoría accionaria a manos del Estado y luego entregado a cooperativas de la región. José Luis Parra González, ingeniero agrónomo, quien fue presidente de Caigua C.A. desde 1993 hasta diciembre de 2000, dice que la historia completa es muy compleja y larga de contarla por este medio, pero le puedo resumir lo siguiente: El Sr. Salomón García estuvo de presidente de Caigua en forma ilegal, lo que le puedo demostrar con documentos, incluyendo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que así lo demuestra.Las afirmaciones que se hicieron de haber recibido 30 millones de kilogramos de tomates durante la zafra de 2004 son falsas porque técnicamente es imposible hacerlo con la planta totalmente operativa y mucho menos recibir lo que afirmaban, sobre una cifra superior a 180 millones de kilogramos.Esa simplemente fue la argumentación para convencer al Estado de entregar los fondos que desaparecieron en cosechas supuestamente perdidas.El Sr. Salomón García estaba muy mal económicamente antes de montar la operación de Caigua ( lo que es fácilmente demostrable con las demandas y embargos de que fue objeto antes del año 2000 ).Para apoderarse de Caigua fraudulentamente utilizó la influencia de su hermano José Luis García Loreto, alcalde del Municipio Monagas, desde donde se planeó toda la operación. (Por cierto opositores al gobierno Nacional cuando ocurrió eso).La compra de fincas en el municipio (con el dinero del Estado) es totalmente cierta ya que conozco muy bien la operación de tres de las fincas que son colindantes con la mía, donde se sembró tomate que luego se perdió, con lo cual pretendían justificar lo no devolución del dinero al Estado pero la realidad fue que se vendió al mercado fresco la mayoría.No quiero extenderme pero le adelanto que esa olla de Caigua C.A tiene mucha más sustancia de la que usted cree. Debo alertar que allí Fogade posee varios activos con miles de millones de bolívares y por lo tanto la empresa le pertenece realmente al Estado venezolano actualmente y le puedo probar con documentos irrefutables lo que digo. A mí me correspondió negociar con Fogade el refinanciamiento de la deuda (Banco Latino, Banco Barinas, Arrendadora Latino, Arrendadora Cordillera y Foncrei). El ingreso de Salomón García está precedido por una serie de hechos que le causaron un enorme daño patrimonial en cientos de millones de bolívares a Caigua y a sus accionistas, ya que a partir de los mismos el Complejo Agroindustrial del Guárico cayó en estado de mora con el Banco Canarias de Venezuela y se dejaron de cancelar los compromisos con todos los proveedores, originándose acciones legales de cobro. También hubo despidos de personal gerencial que demandaron a la empresa y ganaron los juicios, lo cual condujo a un gran egreso para CAIGUA. Es allí donde se recurre a la venta del paquete accionario y entra García al Complejo.

MUERTES EN EL GUARICO

MUERTES EN GUÁRICO II 46 denuncias y una sola sentencia ——————————————————————————————————— Las cruces se suman al paisaje llanero. Son, por ahora, “presuntos ajusticiamientos”. La justicia, lenta y torpe, no responde a las familias de las víctimas que presionan desde organismos civiles. El gobernador Eduardo Manuitt persiste en lo suyo: todo es una jugada política. ——————————————————————————————————— Narela Acosta Ramírez Fotos: Nicolás Pineda / TalCualRudy Armando Herrera, pescador y habitante de Cabruta, municipio Mercedes del Llano, en Guárico, cayó abatido de varios disparos a orillas del río el 18 de mayo del 2001. Por este caso el tribunal 2º de Juicio de la región condenó en el 2003 a Miguel Angel Flores Perdomo, Franklin Velásquez Cedeño y Moacarín Farías Manuel, tres funcionarios de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la Policía de Guárico, por homicidio intencional con pena de 11 años, 8 meses y 16 días.Es el único de los 46 casos denunciados en la Defensoría del Pueblo desde el 2002 que tuvo sentencia. Carlos Isea, en aquel entonces fiscal 6° de Guárico, imputó a los oficiales, pero fue amenazado de muerte en 2001 y por razones de seguridad personal solicitó traslado para otra representación del Ministerio Público. El problema de los ajusticiados que salió a relucir en Guárico abarca más de las 200 muertes que hoy investiga la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional , y devela otra de las paradojas de la administración de justicia venezolana: retardos procesales, investigaciones sin concluir, escasa colaboración entre poderes y hasta en algunos casos intereses más allá de la justicia. Aun así, en esa llanura venezolana, región ganadera bañada por un sol picante, vastas praderas verdes y recubierta de modestas edificaciones, los familiares de las víctimas esperan que al menos el sistema judicial permita el desarrollo de las investigaciones y determine, en el mejor de los casos, quiénes fueron los responsables de las muertes, aunque el fallecido haya tenido antecedentes penales. La mayoría de los infortunados son hombres: Carlos Alfredo Ortiz, de 27 años, hallado sin vida el 13 de febrero de 2003 en la vía de Espino; o José Roberto Medina, de 37 años, quien murió el 7 de junio del 2004, y su familia lo encontró en la morgue del hospital Rafael Zamora Arévalo; o Tito Rafael Oropeza, de 53 años, muerto el 7 de junio de 2003, en un supuesto enfrentamiento con la policía a las puertas de un mercado popular; o Joanny Blanca Sánchez, de 20 años, quien recibió tres disparos en el pecho el 21 de septiembre de 2003 y apareció sin vida en la morgue. Estos son sólo algunos de los 33 casos sin respuesta de las autoridades que lleva el Comité de Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del estado Guárico, coordinado por Oscar Cedeño y Argelia Villanueva. La cantidad de denuncias varía según la instancia. La Fiscalía registra 100 casos de presuntos ajusticiamientos y la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional Legislativo 172 muertes, pero fue a partir de la visita de la comisión de la AN a territorio guariqueño, en noviembre del 2004, y sobre todo después de las interpelaciones realizadas en el destacamento de la GN de Guárico, el 19 de enero de 2005, cuando comenzaron a tomarse en cuenta las denuncias en otros organismos. En nota de prensa del 31 de enero, el Ministerio Público notifica que, por decisión del fiscal general, Isaías Rodríguez, fue removida del cargo la fiscal superior de Guárico, Mirlenis Guevara . Su puesto lo asumió el 10 de febrero José Alberto Morillo, quien imputó a los seis jóvenes que lanzaron piedras la caravana del presidente Chávez en Carabobo. Rodríguez exigió, según lo expresado en el comunicado, celeridad en la respuesta a los casos pendientes y luchar contra la impunidad. Además, enviaron a 3 fiscales con competencia nacional para estos casos: Danilo Jaimes (fiscal 34), Haisa Aissame (fiscal 49) y Elsa García (fiscal 20). En enero realizaron dos viajes a Guárico, se entrevistaron con víctimas y victimarios, y en los próximos días presentarán un informe. “Se están tomando los correctivos necesarios para que se cumpla con los propósitos y la misión de sancionar a todo aquél susceptible de haber transgredido el artículo 43 de la Constitución Nacional ”, asegura Morillo. CALVARIO JUDICIAL Hay varios ejemplos de este vía crucis judicial. El caso del comerciante Arturo Hernández es uno de los pocos que llegó a tribunales. El 18 de octubre de 2004, el tribunal 3° de Control de Valle de la Pascua dictó detención para el comandante de la BIA, Wilfredo Febres, y los cuerpos de seguridad no acataron el mandato de detenerlo. El 25 de noviembre la Corte de Apelaciones de Guárico dejó sin efecto la orden de captura y el Ministerio Público apeló la decisión ante la Sala Penal del TSJ, y solicitó la radicación del caso que ahora se celebrará en Carabobo. También la denuncia de María Guerrero, una hacendada víctima de extorsión, que gracias a un operativo del Grupo de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional , pudo grabar un video el 11 de diciembre de 2004 cuando cuatro funcionarios de la BIA, Yorman López Macero, quien habría sido también escolta del gobernador Manuitt, Angel Arriechi Rodríguez, Rando Borges Rivas y Francisco Javier Ramírez, le quitaron 5 millones de bolívares a punta de amenazas. La historia está en el expediente 12F-15-377-04 de la Fiscalía 5ª del Ministerio Público que dirige Micbe Bastidas Santaella, a través del cual imputó a los cuatro policías. Pero al llegar a los tribunales la investigación se congeló. Los policías nunca reconocieron los hechos, y al final quedaron en libertad porque a la fiscal se le olvidó incluir en el expediente el acta de inicio del procedimiento que desplegó el GAES. La flagrancia en este caso no fue determinante. Es difícil pensar que los altos representantes de la administración pública estuvieran ajenos a la realidad de Guárico. Cedeño comenta que el comité de derechos humanos entregó informes detallados a Lucas Rincón, cuando era ministro de Defensa, y éste les habría asegurado una respuesta, pero luego fue cambiado de cargo. También dejaron una copia en el despacho del fiscal general, del ministro de Interior y Justicia, y del Vicepresidente, sin encontrar eco a su solicitud de una investigación transparente. Ahora se abre de nuevo la posibilidad y para Cedeño no hay espacio para el temor, aunque ha recibido amenazas. Por si acaso, solicitó protección a la comisión parlamentaria que investiga el caso, y ésta le dio un salvoconducto en el cual se certifica que Cedeño es representante de un grupo de víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad. ¿CAMUFLAJE POLÍTICO? El gobernador Eduardo Manuitt denuncia una campaña política en su contra cada vez que trata de explicar las acusaciones que pesan sobre la BIA por ejecuciones arbitrarias. La misma razón que dio en 1993 cuando se vio envuelto en una investigación por robo de ganado y gandolas que adelantó la Guardia Nacional. Un discurso similar al que usó durante 3 años para descalificar al fiscal 6º de Guárico, Carlos Isea, quien había investigado a varios policías por delitos de lesa humanidad. Isea fue interpelado el pasado viernes por la comisión parlamentaria que investiga los presuntos ajusticiamientos. Contó que desde el 7 de abril del 2001 fue amenazado por Wilfredo Febres, entonces comandante de la BIA, y otros funcionarios de la brigada policial. Por este caso el ex jefe policial, junto a otros oficiales de la BIA, tiene una investigación abierta en la Fiscalía 7ª de Guárico. Para intimidar a Isea lo llamaban por teléfono amenazándolo de muerte, hasta que, a principios de 2004, efectivos de ese comando, encabezados por Yorman López, allanaron su despacho sin orden del tribunal, alegando que cumplían disposiciones de Febres. López, involucrado en el caso de extorsión a la hacendada María Guerrero , y sobre quien reposa un informe del 2000 en Poliguárico y en el despacho de Manuitt, que dice: “Fue dado de baja en 1999 por la reestructuración realizada, y posteriormente reincorporado bajo observación. Fue acusado por el juzgado 1º de Guárico por homicidio culposo y porte ilícito de arma de guerra el 9 de marzo de 1998, por formulación de cargos del Fiscal 1º del Ministerio Público César Mirabal (…) Es un sujeto peligroso, declarado no apto para portar armas de fuego”. Luego le asignaron a Isea el caso del comerciante español Arturo Hernández, y la situación empeoró. El gobernador de Guárico lo acusaba de opositor, corrupto y homosexual públicamente. Un tribunal de control le garantizó seguridad a Isea, pero la Disip no acató la decisión. Finalmente el fiscal pidió que lo trasladaran. La solicitud fue concedida en mayo de 2004 y lo asignaron a la fiscalía 7ª en Trujillo, pero estos no fueron los únicos problemas que enfrentó Isea. Declaró a la comisión parlamentaria que la BIA impedía el avance de las investigaciones, y los funcionarios del CICPC, “que son los ojos y brazos de los fiscales”, no mostraban disposición para investigar. “Así es difícil conseguir las pruebas de cualquier caso”, decía. Otros fiscales pasaron por situaciones similares y fueron trasladados, como César Mirabal, Rosana Marcano y Edmundo Márquez. HABLAN LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS • LILIANA ARÉVALO Hermes Arévalo, luchador de profesión, de 30 años, apareció con un disparo en la cabeza el 8 de febrero de 2004, por la vía de San Jerónimo, a 5 kilómetros del puesto de la Guardia Nacional de Tucupido. Liliana Arévalo, su hermana, fue testigo de que 3 funcionarios de la BIA, 3 días antes, fueron a pedirle 300 mil bolívares al puesto de venta de la Feria de la Virgen de la Candelaria. “Le dijeron que tuviera 300 mil más para el día siguiente. Pero Hermes no quiso pagarlos y no fue. Fueron a buscarlo 3 veces, y la última se molestaron. Como a las 12 de la noche me dijeron: ‘él aparece aunque sea explotado’ . El domingo (8 de febrero) mi hermano sale como a las dos de la tarde al Tiuna, una gallera vía Tucupido. Allí testigos dicen que vieron cuando la BIA se lo llevó en un Corolla Blanco. Poliguárico lo llevó al hospital a las 6 de la tarde sin vida. Como no llegaba, el domingo fui en la noche al Cicpc y me dijeron que no sabían nada. El lunes a las 9 de la mañana un hombre de civil me dice ‘tengo que hablar con la señora Liliana ‘ . Le dije ‘soy yo’ y me preguntó por Hermes. Respondí que no sabía y me dijo ‘bueno, acompáñame al hospital para ir a reconocer un cadáver’”. • JOSÉ ÁLVAREZ José Álvarez es uno de los que superó el temor a denunciar, y uno de los sobrevivientes al abuso policial. A las 3 de la madrugada del 28 de mayo del 2004 regresaba de una fiesta en casa de su hermana, en la calle Paraíso del sector Morichal. Lo detuvo el subinspector de Poliguárico Néstor Herrera para requisarlo. “Le pregunté que por qué era tan agresivo, yo fui policía de la patrulla de camino y sé que eso no se debe hacer. Me golpeó y discutimos y luego le di la espalda y me dio un tiro por detrás que entró por el glúteo y salió por delante. Me volteé y caminé hacia él porque eso no duele, lo que sentí fue el taquito. Volvió a dispararme causándome una fractura de fémur. Pierdo centímetro y medio del hueso de la pierna derecha, prácticamente me lisió”. Lo denunció a la fiscalía y a la Cicpc, pero asegura que su caso está “engavetado”. “Cuando pido mi expediente veo que no hay nada, en la fiscalía dicen que no lo encuentran. Nosotros tenemos las copias firmadas y selladas por el fiscal 5° que me tomó la denuncia”. • LAUDELINA GONZÁLEZ En medio de la vía que conduce al balneario El Corozo, Poliguárico encontró sin vida a Héctor Montoya, de 25 años, sobrino del otro occiso Julio “El Bobo” González, de 49 años. Laudelina Gonález, hermana de Julio González, carga encima sendas carpetas con documentos para intentar explicar lo que sucedió. A las 11 de la noche del 29 de septiembre del 2004, tío y sobrino fueron a comer perros calientes frente al Hotel Palace de Valle de la Pascua. Testigos dijeron que dos motos de la BIA y un Corolla blanco se los llevaron. Luego los encuentran golpeados y con un tiro de gracia en la cabeza. Julio González , quien había incursionado en el mundo boxístico, también manejaba una finca por la vía de Tucupido, que según su hermana, le entregó el INTI como presidente de una cooperativa. Su sobrino estaba de visita, pues residía en Apure. Tenía 15 días de haber llegado de Cuba, donde participó en un programa educativo del gobierno nacional. En la foto se observan los diplomas que recibió. • NEYDA SÁNCHEZ Joanny Blanca Sánchez recibió 3 disparos mortales en el pecho el 21 de septiembre de 2003, durante un operativo de la BIA y CICPC, justo un día antes de cumplir sus 22 años. Blanca llegó a su casa ubicada en un terreno invadido del sector Minas de Arena, ese día, a las cinco de la tarde, con una borrachera fenomenal luego de dos días bebiendo consecutivamente. Su esposa, Omega, lo esperaba con varios reclamos, y él respondió con furia verbal y física, lo suficiente para que lo denunciaran en la CICPC, con la esperanza de que le hicieran firmar una caución para no pelear más. Los oficiales fueron al populoso sector con Omega, montada en el vehículo y no le permitieron bajarse. Desalojaron a los vecinos y entraron en su casa junto a la BIA. Dispararon y salió un oficial que le dijo a Omega: “cómo se te ocurre traernos aquí para que tu esposo nos enfrente”. Ella estaba confundida porque su esposo no tenía armas, y lo había dejado dormido en la cama, con un interior como vestimenta.

BIA CRUCIS EN GUARICO

BIA crucis en Guárico ——————————————————————————————————— Creada como grupo de élite, la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de Poliguárico pasó de 23 a 300 funcionarios bajo el comando de Wilfredo Febres, un hombre hoy apartado de la jefatura policial luego de que la Fiscalía lo imputara de homicidio intencional. Otros seis registros policiales por robo, lesiones, posesión de estupefacientes y violación figuran en su expediente. “De todos estos casos he salido bien librado”, dice ————————————————————————————————————————————————- Narela Acosta Ramírez Fotos: Nicolás Pineda / TalCualCarmen Alicia Mota de Hernández no puede dormir tranquila y con el tiempo las ojeras van recrudeciéndose en el rostro. Cuando habla, sus manos se mueven de forma constante y casi imperceptible de arriba hacia abajo. El tic nervioso se acentúa cada vez que relata cómo murió, el 12 de abril de 2004, su esposo Arturo Hernández, un comerciante español de 52 años. Aunque ella no estuvo aque día, a las 11:20 de la noche en la vía al Corozo, en Valle de la Pascua, su incesante quehacer “detectivesco” para hallar a más de 20 testigos la llevaron a una conclusión: a su marido le disparó Wilfredo Febres, comandante de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la Policía de Guárico, quiendurante cuatro años fue jefe de seguridad de la Casa Amarilla , sede de la gobernación del estado. La misma conclusión a la que llegó la fiscalía sexta de Guárico que imputó al jefe policial por el homicidio intencional de Hernández el 18 de octubre de 2004. Febres permanece en libertad. A partir de este caso revienta la cuerda de más de 200 denuncias de violaciones contra los derechos humanos en este territorio llanero. Ya no se trata de “malandros” con prontuario policial. Hernández era un comerciante próspero y, además, con ciudadanía española, lo hizo movilizar al servicio consular de ese país, que ofreció ayuda jurídica a la viuda. La Brigada de Intervención y Apoyo es la principal fuerza del orden público señalada por abuso de autoridad y ejecuciones arbitrarias en las denuncias que se presentaron ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Filas adentro no hay calma, aunque los jefes de la BIA no lo reconocen abiertamente . “Eso es algo normal, nosotros hacemos cambios de rutina, y también cambiamos al personal cuando recibimos una denuncia. Transferimos a los policías señalados hasta el comando general de la policía de Guárico hasta que culmina la averiguación administrativa”, comenta el actual comandante de ese cuerpo, coronel (GN) Domingo Antonio Moncada Cárdenas. Esto fue lo que sucedió con Wilfredo Febres, quien fue transferido los primeros días de diciembre de 2004. Este funcionario no es el único con denuncias. Moncada asegura que en el último año se han destituido 100 policías por diferentes causas: abuso policial y maltrato a la comunidad, entre otros. Desde el año 2002 hasta la fecha la Defensoría del Pueblo lleva un conteo de 23 cadáveres localizados en las vías hacia TucupidoZaraza, Chaguaramas-Las Mercedes, El Socorro-Espino, El Corozo-El Páramo, sobre los cuales el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no ha determinado responsabilidades. “Hasta que el CICPC no termine las investigaciones no podremos saber si estas muertes cumplen con las características de un ajusticiamiento, o si participó o no algún cuerpo policial como ejecutor del asesinato”, explica el defensor del pueblo asignado a la región, Juan Sierra. Ese despacho lleva también otros 46 expedientes de presuntos ajusticiamientos en El Socorro, El Corozo, Calabozo, Chaguaramas, Espino, Roblecito, San Jerónimo, Los Bálsamos, y Mamonal. En estas denuncias se involucra en 16 ocasiones a funcionarios de BIA; en 6 a Poliguárico, en otras 6 a la Disip y en 18 al CICPC. Se reseñan también 83 casos de abuso policial en el 2004. El mayor número de denuncias proviene de Valle de la Pascua, justamente donde tiene su sede principal el comando de la BIA, al final de la calle Orituco en el sector 5 de Julio. LOS CAMUFLADOS Entrar a la sede de la BIA, donde se reúnen 330 hombres armados de escopetas y fusiles, es como llegar a un territorio declarado en guerra. Seis barricadas de medio metro de altura, hechas con bolsas negras rellenas de tierra y piedras, dan la bienvenida. Un hombre fibroso despabila de su letargo en una silla, afierra con seguridad su fusil y avanza hasta el automóvil que está justo en medio de las barricadas. Su uniforme camuflado, de fondo azul grisáceo moteado con manchas negras, se pierde en la pintura de las paredes, que poseen el mismo diseño. Por algo los funcionarios del BIA son conocidos por la población como “los camuflados”. Infundir temor con el porte y el uniforme camuflado fue una idea de Eduardo Manuitt, a comienzos de su gestión como gobernador de Guárico. Héctor Luna, quien fue secretario de gobierno en 1999, recuerda que el Gobernado propuso crear para “arrasar” con el hampa. “El coronel de la Guardia Nacional , comandante de Poliguárico, Artemio Boada, y yo nos opusimos. Nos delineó el perfil del personal: gente joven, fuerte, y probadamente valiente, con mucha vocación para combatir la delincuencia”. Boada impuso, sin embargo, un modelo de comando elite Comenzó un proceso de selección de 100 inspectores y agentes que fueron sometidos a decenas de pruebas, 23, que dieron inició a la birgada en agosto de 1999 en El Sombrero. Luego la mudarían a Valle de la Pascua. “En ese momento la población exigía seguridad, y la brigada respondió a esa necesidad”, explica Luna, quien luego de un año de trabajo con Manuitt pasó a las filas opositoras el 31 de octubre del año pasado. El comando rural recibía órdenes directas de Boada y se dedicaba a cumplir misiones específicas anti secuestro, anti extorsión y a veces para combatir el robo de ganado. Al parecer, el coronel cuidaba mucho el trabajo de este grupo y decidió agruparlos en San Juan de los Morros, para tenerlos cerca y evitar los problemas que a lo largo de la historia policial en Venezuela tuvieron otros grupos elites. Luna recuerda el ingreso de Febres a la policía, como jefe de seguridad de la gobernación, a comienzos del 2000, fue motivo de polémica.Venía recomendado por Freddy Bernal, alcalde del Municipio Libertador de Caracas, quien lo conocía desde que estudiaron juntos en el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana de Caracas. Febres reconoce que se graduó en la misma promoción de Bernal pero asegura que cumplió todos los requisitos para su ingreso. Boada renuncia el 28 de septiembre de 2000. Tuvo problemas con Manuitt por cuestionar que a Febres se le diera el cargo de inspector. Febres se había presentado con una cédula falsa. La real indicaba que tenía varios cargos por estafa, droga y violación”. En la planilla de ingreso de Febres se leía el número de cédula 5.557.330. El coronel Boada revisó los datos en el recién adquirido programa del Sistema Integrado de Información Policial (S.I.I.P.O.L.) y constató que el documento pertenecía a otro ciudadano. Continuó la búsqueda y halló el número verdadero 5.557.320, con el que aparecía un antecedente penal por posesión de estupefacientes por el que detuvieron a Febres el 20 de octubre de 1988, en el municipio metropolitano de Valencia, estado Carabobo.. En documentos de la fiscalía sexta constan además un antecedente por hurto y seis registros policiales (investigaciones sin concluir) por robo, lesiones personales, detentación de estupefacientes y 2 casos de violación. Febres alega que el incidente con su cédula fue un error de trascripción, y que no tiene deudas con la justicia. “De todos estos casos he salido bien librado”, declaró a TalCual. Por otras fuentes se supo que la salida de Boada tuvo motivos adicionales. A parte de Febres, Manuitt intentó realizar otros cambios el 28 de septiembre del año 2000. Le propuso una reestructuración de la policía a Boada y este coronel le envió un informe con una lista de oficiales que debían ser destituidos, entre los que figuraba el jefe de seguridad acompañado del reporte del S.I.I.P.O.L.. Manuiit no se negó y envió otra lista titulada “LISTADO DE PERSONAL POLICIAL QUE REALIZO CAMPAÑA A FAVOR DEL CANDIDATO DE AD”, con 100 nombres de funcionarios para destituir. Boada lo rechazó porque los consideraba oficiales eficientes. El trámite finalmente se efectuó por la oficina de recursos humanos, y el coronel solicitó una auditoría y la intervención de la policía al Ministerio de Interior y Justicia, finalmente coordinada por el general Rafael Núñez Vidal. Como resultado más 50% del personal despedido fue reincorporado, con una orden firmada por el propio ministro para la época Luis Alfonso Dávila. Tras la renuncia de Boada, Febres asciende a comandante de la BIAen septiembre de 2002. A partir de ese momento la misión de la BIA cambió. Febres encontró 23 funcionarios y “a petición de la comunidad” incrementó el número de funcionarios hasta llegar a 330. Los entrenamientos ya no se realizan en el CORE 2, sino en la sede de Poliguárico. “Los comandantes lo que hacen es darle su toque personal a la dirección de la brigada, mas nada”, relata ahora el ex jefe policial. DE LA SEGURIDAD AL MIEDO Carmen Alicia Mota caminaba todas las mañanas por el lado oeste de la avenida Rómulo Gallegos de Valle de la Pascua. Encontraba a menudo los vehículos de la BIA y se sentía segura. Los saludaba con un gesto de la mano, y continuaba su recorrido, contrariando los consejos de su esposo, el comerciante español Arturo Hernández, cuando le pedía que no saliera a la calle. Comenzó a mostrarse inquieto los meses previos a su muerte. Gracias a una veintena de testigos reconstruyó la historia que sufrió su esposo cuando salió de la tasca en el Hotel El Comercio, la noche del 12 de abril de 2004. Afuera lo esperaba un Toyota Corolla blanco, con vidrios ahumados, conducido supuestamente por Febres vestido de civil, y estaba acompañado por los funcionarios Luis Enrique Ledezma, Evin Rafael Quiche, Adolfo León Delgado Ibarra y Juan Ramón Ribas Lara, según el relato de los informantes. En el trayecto los policías dispararon al camión 350 que Arturo utilizaba para trabajar. El recorrido a toda velocidad culminó a las 11:20 de la noche frente a la Disip, una hora después. Hernández fue interceptado, el policía bajó del vehículo y le disparó.Murió desangrado en el Hospital Rafael Zamora Arévalo. La versión policial indica que era víctima de un secuestro express – aunque los testigos lo vieron sólo y no había más carros que el de la policía-. “Me parece extraño que aparece con cinco impactos de bala, y en su camisa sólo hay uno”, argumenta su esposa mientras muestra las fotos. Ahora es la dueña del próspero negocio “Pollo Arturo”, una pollera que ahora también consume el tiempo de sus hijos que, luego del suceso, abandonaron la universidad para ayudar a Alicia. El dinero casi no rendía en el negocio antes de la muerte de Hernández. Su hijo Roberto Hernández recuerda que los policías comenzaron a pedir pollo, como colaboración de un ciudadano con las fuerzas del orden. Luego pidieron dinero para resguardar la pollera que fue atracada varias veces antes de que llegara la BIA.Pero de eso se enteraron después, porque Arturo no ventilaba estos problemas en casa. “Alguna vez Arturo me comentó que aquí se pagaba vacuna, pero no le hice caso, le dije que eso era imposible. Cuando murió revisé las cuentas. Habíamos preparado un depósito de 27 millones de bolívares para depositarlo el lunes siguiente, y el dinero había desaparecido”.

Gobernador, policia y juez

——————————————————————————————————— Eduardo Manuitt violó normas de procedimiento judicial y permitió que grabaran algunas de sus arbitrariedades en un video de TV Llano ———————————————————————————————————Tal y como en la infancia se interpretan roles de policías y ladrones, Eduardo Manuitt ama los juego bajo la investidura de gobernador, con la peligrosa ligereza de pasar del bando de los “buenos”, al de los transgresores de la ley. Flanqueado por efectivos camuflados de la Brigada de Intervención y Apoyo de la policía de Guárico, Manuitt entró a la secretaría administrativa de la entidad, el 22 de diciembre 2000.Caminaba con tranquilidad, su comitiva a cuestas cargando sus armas largas, y entró al rellano cubierto de civiles.Lo que se observaba en el video era confuso, Manuitt ingresó a las oficinas del secretario Carlos Arveláez mientras el reportero de TV Llano describía lo que sucedía. “En estos momentos el gobernador está interviniendo la Secretaría de Administración, con efectivos de Poliguárico, por irregularidades que se han cometido en esta oficina”. ¿Un gobernador interventor? Manuitt sale del despacho, camina hacia el fondo del corredor para conversar con el secretario y tomarse un guayoyito. A uno pasos un comandante de la Guardia Nacional interrogaba a la funcionaria Maritza Alayón.Manuitt retoma el movimiento y encabeza la fila india que se dirige a la entrada del recinto, mientras convoca a los demás funcionarios para que oigan su discurso. Treinta trabajadores expectantes se concentran en un reducido espacio y, a medida que el gobernante avanza en su discurso, las caras de asombro adornan la tragicomedia. Dijo: “He decidido, lamentablemente no soy policía ni efectivo de seguridad, pero a partir de hoy en mis oficinas voy a actuar policial y judicialmente. Hay que sanear las oficinas administrativas. Cuando se utilice malamente recursos del Estado, yo mismo voy a actuar. Antes despedía al funcionario o enviaba la denuncia a la Fiscalía, pero hoy vengo a detener a Maritza Alayón, por sugerencia de amigos. Ella intentó estafar al Estado por 16 millones de bolívares, aquí tengo la declaración del subgerente del Banco Caracas de cuando intentó cobrar el cheque y depositar en su cuenta 7 millones de bolívares y 9 millones al ex contralor del estado quien fue su novio. Por eso será detenida por la policía.¡Se entenderá con la Fiscalía!”. Voltea y señala a Alayón, agazapada detrás del gobernante, escuchando y negando con la cabeza, y Manuitt fulminante: “Usted va presa por la policía”. Acto seguido los camuflados la esposaron, sin leerle sus derechos, sin la presencia de su abogado, sin la orden de un tribunal, sin la apertura de una averiguación por parte de la Fiscalía, y rindió declaración a Poliguárico que por ley no tiene que ver con investigaciones judiciales. Así quedó registrado en el video que Maritza Alayón, en compañía de su abogado, presentó ayer en la Comisión de Política Interior de la AN. Sigue el video: Para cerrar la serie de eventos desafortunados, Manuitt salió a la calle donde estaban reunidas decenas de personas, con la dama esposada, y la detuvo a su lado. Detrás de él estuvo Wilfredo Febres, con sus lentes negros y vestido como agente secreto, quien para ese entonces fungía como jefe de seguridad de la gobernación. Nuevamente ante la cámara el mandatario sometió al escarnio público a la funcionaria, y ordenó que la trasladaran al comando. Luego, los espectadores se transformaron, para pesar del gobernador, en los protagonistas cuando le obligaron a Manuitt a que les pagara los aguinaldos que les adeudaba. Maritza Alayón pasó un mes detenida en el comando del cuerpo policial estadal, desde el 22 de diciembre del 2.000 hasta el 8 de enero de 2.001.Luego quedó en libertad cuando el procedimiento fue anulado por las irregularidades procesales cometidas, y se abrió un nuevo expediente, y asegura que su firma en esos cheques fue falsificada.

LA IMPUNIDAD REINANTE EN EL GUARICO

La Revolución Bonita es Cosa Nostra
Pablo Hernández Parra* / Soberania.org - 18/11/05

La impunidad bajo el dominio del capital

El 11 de noviembre del 2004, La Asamblea Nacional (AN) finalmente aprueba una comisión para investigar la decena de crímenes y atropellos por parte de los cuerpos policiales del estado Guárico, especialmente la tenebrosa Brigada de Intervención y Apoyo (BIA), contra la población.

En Junio, luego de 7 meses de investigaciones, la mayoría de los integrantes de la comisión parlamentaria aprueban las conclusiones finales que no dejan lugar a duda del clima de crimen y terror instaurada en el Estado: “Homicidio, lesiones, privación ilegitima de libertad, extorsión. Todas estas acciones fueron cometidas bajo autorización del comandante del cuerpo policial” (Policía de Guárico), son algunos de los delitos señalados en el Informe de la comisión conjunta para investigar las presuntas violaciones de los Derechos Humanos en el Estado Guárico, Asamblea Nacional, Caracas, Junio 2005, (Pág. 115)

De los 160 crímenes y delitos investigados 79 son homicidios, 72 de estos son ejecutados por la Policía de Guárico y el Cuerpo de Investigaciones Científicas , Penales y Criminalísticas ( CICPC).

La responsabilidad del Sr. Eduardo Manuitt -actual gobernador del estado Guárico- ante estos hechos, es una conclusión unánime de la comisión: “se evidencia la participación directa del ciudadano Gobernador. Eduardo Manuitt en la comisión de actos violatorios de los Derechos Humanos” (Ídem, Pág. 116). Ante las abrumadoras pruebas y evidencia la comisión establece: “Que existe por parte del ciudadano Eduardo Manuitt. Responsabilidad política” (Ídem, Pág. 108-117. subrayado en el informe). En consecuencia, la comisión declara que: “se inicie el procedimiento de antejuicio de mérito en contra del ciudadano Gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuitt” (IDEM, Pág. 10

El informe de la comisión, incluyendo los innumerables soportes, es una verdadera antología del crimen y el terror. El “Padrino” norteamericano, como toda mafia de ese país, desde la década de los 30 ha sido parte de la estructura del poder, pero siempre actúa en la política a través de intermediarios, testaferros y fachadas. En el Estado Guárico, el “Padrino” , asume pública y abiertamente su doble papel: Gobernador del Estado y Jefe del Crimen como demuestra el informe de la comisión.

De los 79 asesinatos cometidos en el Estado, una comisión de investigadores, dirigida por el detective Gustavo Ramón Hernández Rivero, determina que “existen cuarenta y dos (42) cadáveres que fueron asesinados con armas de fuego, específicamente tipo fusil Calibre 7,62 mm FAL y en su gran mayoría los orificios de entrada fueron el cráneo” (IDEM, 61). Oscar Cedeño, declara a la comisión que: “han aparecido 27 cadáveres en las arterias viales del Estado Guárico, 27 Cadáveres con tiros en la nuca” (IDEM, Pág. 6

Las armas usadas en los ajusticiamientos a las que se refiere el Sr. Hernández son “casualmente” del mismo calibre de un lote de armas desaparecidas por “arte de magia” del parque de la Policía de Valle la Pascua , sede de la tristemente celebre BIA.

En el Fundo San José, cerca de Calabozo, es incautado el famoso FAL 16697, como parte de las armas que custodian un cargamento de 380 kilos de cocaína y que hasta ese momento no había sido denunciado como extraviado o perdido por parte de la Policía y Gobernación del Estado Guárico. 5 meses después de los hechos, todos los detenidos por el caso del fundo San José, son puestos en libertad por un Juez de Control del estado Guárico. La Comisión Parlamentaria verificó las influencias y presiones de funcionarios de la gobernación del Estado tratando “que las investigaciones se paralizaran y fueran echadas al olvido” (SIC, IDEM PAG. 63).

A Cory González, le roban un camión, en Altagracia de Orituco, según; el expediente G - 490342, de la CICPC , este camión es recuperado en flagrancia, cuando era desvalijado en una finca propiedad del Sr. Manuitt. Por este tipo de delito, el Coronel José Luis Cedeño Cárdenas, denuncia a la comisión que el Gobernador tiene antecedentes desde 1993. El propio Coronel, junto con el Capitán (GN) Antonio Benavides Torres, se encargaron de las investigaciones del hurto cometido y de la captura del Sr. Manuitt (IDEM, Pág. 78-79).

Arturo Hernández y Alexis Ortas con ejecutados por la BIA en Valle la Pascua , ante la presencia de Decena de Testigos y Familiares.

El Estado Guárico bajo el dominio policial del Sr. Manuitt es poco menos que el Chicago de los bajos fondos en la década de los 20. Asesinatos de personas con armamento oficial que ha desaparecido misteriosamente del parque policial; armas del estado protegiendo cargamentos de droga; propiedades del Gobernador donde se desvalijan vehículos; médicos forenses que transforman asesinatos con tiros en la nuca en “muertes por desangramiento”; Gobernador de un Estado que asume el papel de Policía, Fiscal y Juez como lo ocurrido en el caso de Maritza Alayon; policía que alteran pruebas o sencillamente las desaparecen; fiscales que retardan juicios y cambian las calificaciones de los delitos; jueces complacientes que ponen en libertad a delincuentes ante la llamada del “Padrino”, asociaciones de “productores agrícolas” que apoyan la gestión de la Mafia; obstrucción a la investigación parlamentaria; amenazas e intentos de agresión contra la comisión investigadora; uso de los recursos y medios del Estado para campañas de difamación y por ultimo acusar públicamente a la comisión que lo investiga de “ser miembros de una red del narcotráfico” , todo esto ocurre en los limites del Estado Guárico, pero refleja un cáncer que hace metástasis en Bolívar, Aragua, Lara, Zulia, Portuguesa, Falcón y Anzoátegui.

Si es verdad lo que la comisión parlamentaria dice sobre Manuitt y el aparato estadal del Guárico y, a su vez, si es verdad lo que Manuitt, el PPT y los gobernadores Bolivarianos dicen sobre la comisión parlamentaria, no necesitamos reunir mas pruebas ni indicios, para concluir sobre toda la podredumbre del Estado Venezolano y desechar cualquier ilusión sobre la existencia de Democracia, Justicia o Derecho en el País, y reconocer claramente, que estamos en presencia de una autentica dictadura del Capital, convenientemente disfrazada de Revolución Bolivariana y Socialismo del Siglo XXI, dirigida precisamente por un lumpen burgués y pequeño burgués al cual hoy el Capital recurre para imponer sus intereses y preservar sus privilegios.La situación del Estado Guárico a la luz del informe de la Asamblea Nacional, demuestra fehacientemente cómo el poder del capital, la propiedad y el dinero, significan impunidad para la minoría dominante, incluyendo la de sus asesinos a sueldo.

El capitalismo en esta época de descomposición requiere, para ejercer su dominio en lo político, económico e ideológico, de auténticos delincuentes que le garanticen la preservación del orden existente. El capital requiere para su desarrollo, para garantizar una creciente tasa de ganancia, de orden, paz y seguridad. Y quienes mejor que delincuentes para esos menesteres. Si estos delincuentes son de lo peor, mejor para el capital. El caso de Wilfredo Febres, Jefe de la criminal BIA es un caso como el Capital y la Burguesía recluta sus agentes para el trabajo sucio.

A Wilfredo Febres (W.F) lo recomienda a la policía de Guárico su compañero de promoción policial, Freddy Bernal, hoy devenido en un flamante alcalde revolucionario, luego de dirigir los famosos cuerpos de terror de la policía de metropolitana (Grupo Pantanero y CETA) que llenaron de crímenes y atropellos los barrios de Caracas bajo el mandato de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez (CAP), además de asesorar policialmente a la Sra. Chamorro cuando Reagan y la Contra-revolución nicaragüense derrocaran al gobierno sandinista

W.F es enviado ante un psicólogo al servicio de la policía de Guárico, este informa que el ciudadano W.F “Tiene el mejor perfil de policía de Estado Guárico” (IDEM, Pág. 80)

El Coronel Artemio Boada Díaz, a la sazón Comandante de la Policía de Guárico, ante la petición de ingreso de W.F decide investigar, y descubre que W.F no sólo ha falsificado el número de su Cédula, sino que presenta antecedentes por tenencia de drogas.

Ante esta grave situación, el Coronel Boada decide rechazar la petición de ingreso de W.F y le comunica su decisión al gobernador Manuitt; este ultimo por encima de la decisión del Coronel Boada, decide: “le voy a dar una oportunidad dado la recomendación del psicólogo, yo le voy a dar una oportunidad a ese muchacho” (SIC, IDEM, Pág.81)

El día que Alicia de Hernández está denunciando ante la comisión de la Asamblea Nacional el vil asesinato de su esposo, ejecutado públicamente en Valle de la Pascua , por el propio W.F, el gobernador del Guárico, condecoraba con la “barra de buena conducta al mejor policía del Estado Guárico”. De ahí en adelante, todo el poder del Estado se vuelca en apoyo a Manuitt.

El General Baduel le entrega la réplica de la espada de Bolívar al nuevo prócer de la patria. La Vicepresidencia de la República le presta todo su apoyo y le cede la sala de prensa de la misma para que Manuitt se defienda.

Los tribunales y jueces prohíben una vez más a los periodistas que han denunciado la situación de Guárico a mencionar el nombre de Manuitt en sus escritos. (Miguel Salazar en” Las Verdades de Miguel”)

El PPT y Manuitt publican su celebre encartado acusando de traficantes de drogas a la comisión investigadora. El Presidente Chávez se reúne con el Sr. Manuitt y tácitamente le muestra su apoyo, que luego reafirma en sus programas dominicales.

Ocho gobernadores Bolivarianos de los Estados Amazonas, Sucre, Portuguesa, Cojedes, Aragua, Yaracuy, Mérida, Monagas, junto con los secretarios generales del PPT, MEP, PODEMOS, GENTE EMERGENTE y la mismísima Lina Ron apoyan públicamente a Manuitt declarando que las investigaciones y el debate en torno al caso del Gobernador Manuitt: “resta transparencia a las investigaciones. y sienta un precedente indeseable reñido con la constitución” , y en consecuencia declaran:

Primero: “toda investigación debe procesar de acuerdo al ordenamiento legal vigente. y preservando la honorabilidad de aquel que es investigado”. (Del remitido publicado en Diario VEA, el 6/5/ 2005). Olímpicamente estos señores declaran ilegal no sólo a la comisión, sino a la mismísima Asamblea Nacional.

Segundo: “Cuando la investigación deriva en diatribas políticas, acusaciones apresuradas y manipulaciones mediáticas, pierde esencia la verdad y se corre el riesgo de someter al escarnio público y a la persecución, al que es investigado”. Esta cínica declaración la emiten auténticos cómplices cuando precisamente toda la opinión pública conoce que ha sido el propio Manuitt y el PPT, los que han recurrido a lo largo de varios meses a la diatriba y manipulación con el claro fin de evitar la investigación,

Tercero: “el gobernador Manuitt no se puede olvidar de su carácter de electo por voluntad popular. Y solo el pueblo de Guárico es el llamado a retirar la confianza en el”, En síntesis, la elección popular coloca por encima de todo el ordenamiento jurídico al “Padrino”, para cometer cualquier tipo de delito, sin que haya ley, o autoridad alguna, “salvo el pueblo” que le dio apoyo electora , y que en virtud de ésta interpretación propia de delincuentes, el gobernador electo popularmente recibe una autentica patente de corso para el crimen y el delito.

La conclusión y recomendación final de los gobernadores y secretarios generales de los partidos que “apoyan el proceso”, fue una auténtica orden de las mafias organizadas en torno al poder, los honorables “padrinos” se solidarizaron con el colega y exigen : “que la investigación sobre las denuncias en contra del gobernador Eduardo Manuitt se hagan con la transparencia necesaria, a través de una comisión especial imparcial que pueda garantizar la confiabilidad de los resultados y el respeto unánime a estos” (Remitido Diario Vea, 6-5-2005). Una resolución de la Cosa Nosstra siciliana o de los jefes de la mafia norteamericana para proteger a sus secuaces no es tan vulgar y directa como lo decidido por este auténtico consejo del delito. La directiva de la banda exige respeto por la honorabilidad de uno de sus “miembros distinguidos, sometido a la persecución y al escarnio público”. Vaya cinismo y desvergüenza. Hasta donde ha descendido la descomposición de un sistema y su gobierno, cuando los ladrones van detrás de los policías.

Como era de esperarse, una orden es una orden, y de inmediato todos los resortes del poder encabezados por la AN se pusieron en tensión. Nicolás Maduro, Presidente de la AN luego de recibir “una propuesta del diputado Ismael García, Cilia Flores y de algunos parlamentarios del Bloque del Cambio, y en privado de diputados de la oposición”, DECIDEN:

•  Que los 18 diputados nombrados por la AN no realizaron en 7 meses una investigación imparcial y objetiva, como la que han hecho ellos en horas, determinando que la comisión parlamentaria no fue ni objetiva, ni imparcial. Y lo peor del caso, es que ni siquiera estos señores leyeron el informe de la comisión que investigo los sucesos de Guárico.

•  Que “el gobernador no fue escuchado”. Cuando fue público y notorio que el gobernador no sólo no acudió a las interpelaciones a la cual fue citado por la propia comisión, y que efectivamente a lo largo de 7 meses, el gobernador, junto con el PPT llevaron adelante una sistemática y pública campaña de sabotaje, obstrucción a la investigación y hasta agresiones contra la propia comisión. Mientras todo esto es conocido y notorio, los sagaces investigadores Maduro, García y Flores que en ese periodo, al parecer se encontraban en Siberia, solo se enteraron que el Gobernador no fue escuchado.

En definitiva la investigación de la comisión parlamentaria, con sus conclusiones es invalidada porque pone en peligro la estabilidad del proceso y sobre todo, no se trata de un ataque contra Manuitt, sino en contra del propio Presidente Chávez. Por lo tanto, en aras de la estabilidad democrática, del buen nombre de la República y de la imagen Internacional del Presidente de la República , líder indiscutible del proceso revolucionario, argumentos y razones ya conocidos en la historia política del país con que se encubre cualquier vagabundería; en consecuencia la directiva de la AN , decidió nombrar una nueva comisión especial, “independiente que haga un trabajo imparcial y objetivo sobre el informe que ha ocasionado una gran polémica. esta nueva comisión de manera independiente, neutral, objetiva y ponderada podrá de manera calificar el informe ( o no)” (declaraciones de Nicolás Maduro, anunciando el rechazo del informe parlamentario sobre los asesinatos y atropellos en Guárico. Nótese como se cumple literalmente la orden emitida por el “consejo de la revolución”).De esta manera, en el mejor estilo criminal y de complicidad, la AN declara solemnemente la impunidad como norma del Estado Venezolano.

Que conclusión pueden los trabajadores venezolanos, los familiares de millares de victimas, asesinados por los aparatos de violencia y represión del Estado Capitalista en Venezuela, cuando ante el crimen de 79 venezolanos, desde el Presidente de la Republica hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, pasando por Tribunales, Policías, Jueces, Fiscales, Partidos y gobernadores “Bolivarianos”, en una palabra, el Estado, decide nombrar una comisión no para investigar los crímenes cometidos bajo la jurisdicción de un funcionario publico, sino para limpiar el nombre de este y cuidar su honorabilidad. Esta es la confesión tajante de un Estado que reconoce su esencia criminal y dictatorial.

Hay que entender, que todo Estado capitalista, desde el “democrático, revolucionario y socialista” hasta en la peor de las tiranías, es esencialmente una dictadura de la minoría propietaria sobre la mayoría explotada. La única libertad reconocida a los de abajo -en épocas de democracia -, es decidir cada cierto tiempo, a través del voto, quien será el verdugo que ejercerá su oficio, manteniendo el orden existente y preservando la impunidad para el capital, los patronos y sus funcionarios.

No se va a realizar una nueva investigación mas objetiva. Se trata nada mas y nada menos que el estado Venezolano a través de su máximo poder legislativo ha decretado, con el apoyo de sus principales lideres e instituciones, que los asesinatos y atropellos que a diario cometen sus cuerpos policiales de terror y violencia, seguirán impunes en el 99% de los casos y que sólo serán “investigados hasta sus ultimas consecuencias” y “se les hará caer todo el peso de la ley”, siempre y cuando el asesinado sea un representante notorio del capital, vale decir: personal diplomático y altos funcionarios públicos, embajadores y cónsules, militares, dueños de medios de comunicación, dueños de grandes fabricas, industrias, comercios, tal como claramente lo contempla la nueva Ley contra El Terrorismo, de próxima aprobación por parte de las mafias que hoy detentan el poder, en provecho exclusivo del capital y, claro está, de las propias mafias.El sacrificio por la patria no es gratis, no olvidemos que vivimos bajo el imperio del dinero y del cambio de mercancía, por lo que desde el asesinato hasta la impunidad, todo tiene su precio en esta sociedad del crimen.

El desarrollo del capitalismo lleva implícito el desarrollo del crimen

La intensificación de la violencia y el crimen por parte de los cuerpos policiales como ocurre en Guárico, Bolívar, Anzoátegui, Aragua, Lara, Zulia, Táchira, no es fruto de hechos aislados, de actuaciones individuales de funcionarios subalternos, que cometen excesos sin conocimientos de sus superiores. Se trata de la repetición de un fenómeno que sucede a escala mundial, en este periodo de descomposición del capitalismo y particularmente en Venezuela, con el traslado masivo al capital privado de los bienes y propiedad publica, proceso acelerado en los últimos 15 años en Venezuela.

La devaluación de la moneda en 1983, el endeudamiento externo y eterno del país, la caída de los precios del petróleo a mediados del los 80, el asalto al tesoro público por parte de la burguesía, en el caso de RECADI y la reestructuración de la deuda por parte de Lusinchi en ese periodo, entre otros hechos importantes, pusieron punto final a todo el periodo del desarrollo de capitalismo basado en una economía que tenia como pilar y soporte al Estado, sustentado en la renta petrolera como fuente principal de acumulación de capital en Venezuela.

La crisis de los años 80 liquida el mal llamado “Estado de Bienestar” en Venezuela, La privatización de los bienes públicos que se opera desde principios de los años 90, del siglo pasado, no es otra cosa, que un rápido proceso de concentración y centralización de capital que se opera en el país.

Este proceso se manifiesta en la venta de las grandes empresas públicas (CANTV, SIDOR, VIASA, AEROPOSTAL, EMPRESAS MIXTAS EN PDVSA, BANCOS Y SERVICIOS PUBLICOS), y en todo un conjunto de procesos que apuntan en la misma dirección. La crisis bancaria, la liquidación de las prestaciones sociales de los trabajadores, la privatización de los servicios de salud, educación, transporte, la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas, el aumento de la inflación, etc. son todas manifestaciones de un mismo fenómeno: La concentración y centralización acelerada del capital, hasta llegar a una situación como la de hoy, donde menos de 300 grandes empresas -principalmente extranjeras- en la industria, banca, seguros y comercio ejercen el control y la hegemonía de la política y economía del país, incluyendo evidentemente el destino de la renta petrolera.

Este proceso de concentración de la riqueza en el sector minoritario de la sociedad venezolana, engendra en el polo opuesto de la mayoría social un crecimiento del desempleo, el hambre, la miseria, la pobreza, la exclusión social, etc., en una relación inversamente proporcional a la riqueza concentrada entre las clases dominantes. A mayor concentración de riqueza en una capa cada vez más reducida de la sociedad, hay un mayor incremento de la miseria y pobreza dentro de la mayoría social. Esta ley general de todo desarrollo capitalista, descubierta por Marx, en el siglo XIX, hoy se comprueba con toda exactitud, no sólo a escala del país sino de todo el planeta.

¿Cómo puede esta minoría dominante, seguir incrementando su riqueza y someter a una masa creciente de población, que no sólo pierde el empleo, sino que de hecho es excluida del proceso productivo y de la vida social misma?¿Cómo la clase dominante contiene los estallidos sociales?

¿Cómo el Estado intenta controlar la violencia social que inevitablemente desata este fenómeno de desarrollo del capital?

El incremento de violencia social en Venezuela es un fenómeno que se observa con absoluta claridad a partir de los años 90 del siglo pasado.

En 1992 se producen en el país 3.366 homicidios, en el 2003 pasan de 11.000 y extraoficialmente en el 2004 superaron los 13.000, un incremento de un 380%. Según la VII Jornada de Reflexión sobre la Violencia , para el año 2000, las esta-dísticas de los cuerpos policiales reportaban 240.000 casos anuales de violencia. Cada hora, 27 personas son agredidas en el país. Durante la Guerra de Federación, una de las más san-grientas en la historia de Venezuela, el número de combates diarios, promediaban los 180. Hoy la violencia social deja pequeña esas cifras y se acerca al número de bajas de la Guerra de Federación. Estadísticamente las muertes vio-lentas (accidentes, suicidios, homicidios, etc.) fruto de un sistema que ahonda las desigualdades sociales y empuja a las mayorías a las peores condiciones de vida, llegaban en el año 2000, a 19.942. 1 de cada 5 personas que fallecen en Venezuela, es fruto de la violencia.

Históricamente toda clase dominante a través de su Estado, tiene dos grandes mecanismos para ejercer la dominación y contener la violencia social en los límites que no interrumpa su proceso productivo y sobre todo su ganancia.

El primer gran mecanismo, es el aparato de dominación ideológico, que tiene en la estructura familiar y el televisor los grandes vehículos de adormecimiento, engaño, desinformación, etc. Este aparato es más antiguo y potente dentro del arsenal de la clase dominante, va dirigido a implantar desde la niñez y en el seno de la familia, toda la ideología de la clase dominante con sus correspondientes mentiras, prejuicios, moral, costumbres y tradiciones, fundadas en la doble moral y el doble discurso, pero dirigida a implantar en la conciencia de cada uno de los seres humanos, la adoración supersticiosa a toda forma de Estado y al respeto irracional a toda forma de autoridad, como condición natural y eterna sin la cual ningún ser humano, ni sociedad puede existir.

Este mecanismo de dominación, con las viejas instituciones heredadas del pasado, tales como la iglesia, educación, el derecho, la moral, las costumbres y las tradiciones, hoy ha adquirido un poder de dominación e influencia jamás conocido en el pasado con el papel de los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, radio, cine, prensa y la publicidad.

La causa de la violencia social, según los ideólogos de los aparatos de adormecimiento del Estado, son de sobra conocidos, desde el origen divino y natural de la violencia inmanente de los hombres hasta la ineficiencia del gobierno y su falta de autoridad o complicidad para enfrentar la “delincuencia común”, todos no son más que sofismas, trampas y mentiras tendientes a encubrir la relación directa existente entre el crecimiento del capital y el incremento de la violencia social, el crimen y la guerra.

Esta campaña ideológica, tiene su punto culminante en la petición periódica de la pena de muerte contra los delincuentes, el aumento de la pena contra ellos, o como declarado por el Sr. Manuitt “las muertes ocasionadas por enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado, están justificadas, ya que se trataba de delincuentes que dañan a la sociedad” (ídem). La sociedad capitalista que produce al delincuente desde que nace se declara inocente y como siempre el pobre es culpable por nacer. pobre, en una sociedad que produce tanta riqueza. Los pobres -repiten a diario los publicistas del capital- no terminan de entender que esta sociedad “democrática, protagónica y participativa” a todos les brinda iguales oportunidades como establece la sacrosanta CRBV.

El otro gran mecanismo al cual apelan el capitalismo y su Estado para enfrentar la violencia social, es el incremento de su maquinaria de guerra, terror y violencia.

En este periodo de privatización en Venezuela (1990 - 2005), los cuerpos policiales y represivos pasaron de 28 a nivel nacional en 1990 a 95 en el 2003. El incremento de la violencia social fue directamente proporcional al aumento de los cuerpos policiales. Sin embargo, el aparato de violencia del Estado capitalista para someter a la mayoría de la población no se ha limitado únicamente al aumento cuantitativo de los cuerpos policiales. Hay otras cifras que revelan con más profundidad hasta dónde llega el aumento de este aparato de violencia en manos del capital.

Veamos algunos hechos:

•  Aumento de los efectivos militares y de las llamadas reservas por parte del ejército regular de Venezuela. Se estima que el ejército junto con la reserva sobrepasarán los 150.000 hombres al servicio de la burguesía.

•  Restablecimiento de los tristemente célebres teatros de operaciones especialmente en las zonas fronterizas y en las regiones mineras y petroleras, como garantía de paz y seguridad a las compañías mineras, petroleras y madereras que operan en esas zonas.

•  Modernización del ejército con miras, no tanto a enfrentar invasiones externas como a reprimir movimientos y levantamientos populares. La adquisición de fusiles AK, bombas lacrimógenas, helicópteros de asalto, etc., se enmarca dentro de esta orientación mundial del capital de modernizar los ejércitos y policías nacionales, con miras a combatir el llamado terrorismo. Esta doctrina del terrorismo como nuevo enemigo inventado por el capital no es más que decretar a los pueblos y trabajadores del mundo como el enemigo del capital.

•  El aumento de las bandas de paramilitares y sicarios al servicio directo de los patronos urbanos y rurales. En estos casos se trata de cuerpos armados al servicio directo de los propietarios tal como sucede en las zonas fronterizas del país donde han sido asesinados más de 180 campesinos en los últimos años.

•  Las compañías de vigilancia privada en su gran mayoría pertenecen a expolicias y exmilitares. En el país existen más de 600 compañías de este tipo. Estos son hombres y armas al servicio del capital y de la defensa de la propiedad privada.

•  El armamento de la población. Con este tema se trata de confundir señalando a la llamada delincuencia común y los barrios humildes del país como especies de tierras sin autoridad donde impera la ley del revólver y cada hogar es una fortaleza militar. El encarecimiento de las mercancías fruto de la inflación ha elevado el precio de las armas de una manera tal que sólo pueden ser adquiridas por los grandes capitalistas y las capas medias ligadas directamente a él. El número de armas en manos privadas especialmente dentro de las clases medias y burguesía es infinitamente superior al parque militar que pueda estar en manos del pueblo, incluyendo las poseídas por la delincuencia. Los sucesos de abril fueron una demostración contundente de en manos de quien están realmente las armas en nuestro país.

•  Por último nos encontramos con la actuación de las compañías militares privadas internacionales al servicio de las grandes compañías transnacionales, tal es el caso de SAIC que operaba en PDVSA y aún continúa trabajando en el país. Estas compañías militares junto con los cuerpos de seguridad de los grandes países tienen sus agencias y representantes en Venezuela. No hay compañía internacional de importancia empezando por las petroleras que no tengan dentro de su estructura organizativa su filial militar, de investigación o de seguridad como irónicamente también se les conoce.

El capital en este periodo privatiza, como es de esperarse, el crimen este se convierte en una mercancía más. A través de sus compañías militares privadas, bandas de sicarios o paramilitares los crímenes o atropellos aparecen como asuntos privados y no como parte de la política oficial del capital de crimen y violencia contra los trabajadores y pueblo. De esta manera los asesinatos, atropellos, violaciones que a diario comete el capital con sus variadas bandas y aparatos de violencia, con presentadas como casos aislados; excepciones o sencillamente excesos, cuando todos conocemos que este aparato militar está bajo el mando y control directo del capital, y es la expresión diaria y oficial de la dictadura del capital contra los de abajo.

La violencia de los Manuitt, los Wilfredo Febres, Henry López, de las policías, Guardia Nacional, Ejército, sicarios, paramilitares, junto a la actuación de los cuerpos policiales de investigación, fiscales, defensores del pueblo, tribunales, jueces, hasta llegar a los máximos poderes del Estado, todos ellos forman un conjunto con sus leyes, reglamentos y estructuras que tienen un solo objetivo y una única misión: preservar el Estado y orden existente; incrementar los privilegios y ganancias para la minoría dominante. Desde que existe este aparato de violencia para defender el “estado de derecho” y mantener el orden su finalidad no es impartir “justicia” y mucho menos juzgar a sus agentes por los crímenes que estos cometen para preservar, precisamente, el orden existente.

El capital paga y mantiene su sistema de “violencia y justicia” desde policías y fiscales hasta las cárceles para someter a la mayoría explotada, empobrecida y excluida y nunca para juzgarse a si mismo y menos a quienes le sirven en esos menesteres.

Las policías, ejército, justicia y cárceles existen sólo para los pendejos. Esta verdad elemental conocida desde la antigüedad. En Venezuela fue tal vez la primera lección que los conquistadores le enseñaron a los indios y negros que convirtieron en esclavos.

Esta verdad es algo que no debe ser olvidado y aprender muy bien los trabajadores y pobres para el día en que sean poder y tengan que administrar justicia de acuerdo a sus intereses de clase no les tiemble el pulso ni la mano para aplicarle a la minoría dominante la única justicia válida para el explotado: la justicia de la mayoría trabajadora contra la minoría parasita y explotadora.

Mientras exista el capitalismo con sus estados democráticos o dictatoriales y mientras impere la propiedad privada sobre las tierras y fábricas, es no sólo una utopía sino una estupidez esperar justicia del capital. Todo el aparato policíaco y militar de la burguesía es para mantener y profundizar la desigualdad social, la miseria y la pobreza. Los policías, fiscales, jueces y carceleros son empleados del estado capitalista con la única misión de preservar la injusticia y garantizar la impunidad.

La burguesía paga para mantener y preservar sus privilegios y ganancias; vale decir, profundizar las injusticias y desigualdades sociales. No para hacer justicia, disminuir la pobreza y mucho menos investigar los asesinatos de Arturo Hernández, Alexis Orta, y las miles de victimas que a diario produce la acción policial y militar del capital a escala mundial. Este sistema capitalista con sus Estados correspondientes existe en todo el planeta y tiene necesidad de la impunidad ante sus crímenes porque de ellos se alimenta y desarrolla.

[*] Pablo Hernández Parra

DECISION DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CONDENANDO AL PERIODISTA QUE DENUNCIO A MANUIT

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAJUZGADO DECIMO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS CAUSA N° 18-J-310-05 JUEZ: DRA. MARIA MAGDALENA DIAZ PEREIRA. QUERELLANTE: EDUARDO MANUIT CARPIO APODERADOS ABG. NESTOR GUSTAVO QUINTERO M. JUDICIALES DEL ABG. AMADO ANTONIO MOLINA YÉPEZ. QUERELLANTE QUERELLADO: HENRY CRESPO FONSECA DEFENSOR: JORGE ARTURO CASTELLANO ROMERO ALGUACIL: LUIS ROMERO SECRETARIO: ABG. ALEJANDRO BADELL Este Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Décimo Octavo del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, dio apertura al acto del Juicio Oral y Público en fecha 03-05-06, en la causa seguida en contra del ciudadano HERNRY CRESPO FONSECA de nacionalidad venezolana, nacido en fecha, 25-1-1954, de 52 años de edad, de profesión u oficio, periodista, y titular de la cédula de identidad No. V-4.362.869. En su oportunidad se le concedió la palabra a los apoderados de la parte querellante, haciendo uso de ella el Profesional del Derecho, NESTOR GUSTAVO QUINTERO MONCADA, quien presentó formal querella en contra del ciudadano HENRY CRESPO FONSECA, manifestando: “Buenos tardes, la pretensión punitivo por nuestro representado en contra de Henry Crepo Fonseca, es por el delito de Difamación Agravada, previsto y sancionado en el artículo 444, único aparte del Código Penal abrogado, los hechos por los cuales se deriva el hecho difamante consiste en la publicación el día 14 de enero de 2005, en el semanario Las Verdades de Miguel, edición No. 40, que comprende desde el 14 al 20 de enero de 2005, apareció en la página central un informe que se llama Informe Perilicano, Las Verdades del Gobernador Eduardo Manuit, y en un circulo el llamado ver informe especial, en ese informe hace unas imputaciones directas en contra de mi representado que someramente me permito señalarle al Tribunal por cuanto resulta, se habla de Perlitas a la Plancha, se habla de un cúmulo de irregularidades que arrojan sombras sobre la gestión del referido gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuit, dirigente Nacional del Partido Patria Para Todos (PPT), otra vez el PPT. Cuando el río suena es porque piedras trae. Dice que desde los comienzos de su primera gestión, nuestro representado ha sido objeto de repetidas denuncias, no solo limitadas al ámbito de su Estado, dice que en la Asamblea Nacional reposan cuatro informes de la Comisión Permanente de Contraloría en cada uno de los cuales supuestamente se declara la responsabilidad política de nuestro representado, dice que se trata de la contratación y ejecución de cuatro proyectos: 1. Suministro y puesta en sitio, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado (chillers) a hospitales de Calabozo y Valle de La Pascua (9-8-02), 2. Ejecución de obra carretera Casianero-Lezama (26-8-02), 3. Suministro e instalación de motor de avioneta de la Gobernación del Estado Guarico y puesta en funcionamiento (27-8-02), 4. Adquisición de materiales para dotación de escuelas de Guárico (24-9-02), al parecer supuestamente estos contratos en conjunto alcanzaban unos 1.200 millones de bolívares. Dice que vale la pena reseñar algunos detalles de estos informes, según en el primero de ellos se incumplió el proceso de control de gestión y se presumen daños al patrimonio público, al parecer que una vez instalados los equipos en el hospital Urdaneta Delgado de Calabozo, supuestamente se constató su inoperatividad, dice que la responsabilidad recae sobre la Gobernación por falta de seguimiento y resguardo del patrimonio público, y así sigue narrando. En el segundo caso, dice que la contratación e inicio de la obra precedió a la licitación, supuestamente una inspección arrojó irregularidades, y así continua narrando. En el tercer caso, dice que la orden de pago no contaba con la aprobación de la Contraloría Regional, supuestamente en una inspección posterior constató que la aeronave tenía instalado un motor distinto del presuntamente comprado, y así continua narrando que supuestamente el pago del contrato se efectuó sin que este se hubiese ejecutado. En el cuarto caso, dice que se trataba de 47 millones de bolívares para 47 escuelas adscritas a la Secretaría de Educación de Estado, dice que el proceso de dotación se paralizó porque cada centro educativo tenía necesidades diferentes, por lo que los materiales permanecieron dos años en el deposito estatal, dice que luego se hizo un traspaso de recursos por 100 millones de bolívares, al parecer casi todas esas compras se hicieron a un solo proveedor, y así sigue narrando el periodista una serie de hechos de supuestas irregularidades, que pretende imputarle a nuestro representado. Dice que esos informes reposan actualmente en la Asamblea Nacional, como lo recordó recientemente el Diputado Raul Éste del MVR, en ocasión de anunciar que solicitará la declaración de emergencia de los derechos humanos en el Estado Guarico a causa de las denuncias sobre presuntos ajusticiamiento en esa entidad, y así continua el periodista narrando una sin numero de hechos. Al referirse a la Organismo Policial del Estado Guarico, dice que se le acusa de robo de gandolas y de vehículos, así como tráfico de estupefacientes. Continua así narrando el periodista, y en una de las partes del informe dice que no es ningún secreto las estrechas vinculaciones con el contratista Arnaldo José Arocha Rincones con la desaparecida Coordinadora Democrática, entonces en pie de guerra contra el Gobierno y contra el País en su conjunto, y por otro lado, con el abogado López Castillo, recientemente muerto en un enfrentamiento con cuerpos policiales del Estado en Plaza Venezuela. Continua el periodista y dice en su informe, que el Diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Landaeta, había denunciado a nuestro representado, acusándolo de maniobrar para que la licitación la ganara la Empresa Ingeniería Pecha, una empresa de maletín que presentó un capital de apenas 40 millones de bolívares y que pertenece a un financista muy vinculado a la oposición, a este empresario supuestamente nuestro representado en pleno paro le habría dado un anticipo de 386 millones de bolívares, y así prosigue narrando el periodista una serie de hechos. Luego habla de una seria de guisos caseros, luego se refiere de guisos a la carta, donde dice que sirva este breve relato de abreboca, según el periodista, al fin y al cabo sus personajes son todos del PPT, todo queda en familia, dice que nuestro representado va más allá, dice que nuestro representado en un Gobernador todo terreo, con contrato firmados con Silverio Hernández, connotado dirigente de la Causa R, son todo un poema, y así sigue el periodista señalando una serie de hechos. Habla después de Quesos Autóctonos, dice que es por lo menos curioso y no puede menos que llamar la atención que quienes de la boca para afuera estén comprometidos con este proceso revolucionario, uno de cuyos objetivos centrales es elevar la condición económica del pueblo, según el informe del periodista nuestro representado es un gran propietario de fincas, entre las conocidas propiedades agropecuarias se hallan, La Manzana, Agropecuaria Santa María, La Danta, La Guabina, Mamoncito, La Fundación, El Rastrero y Mapuritico, dice el periodista que por cierto, nada mal le viene el nombre de esta habitat a nuestro personaje, dice que algo huele a podrido y no es Dinamarca precisamente. Luego el periodista en esos quesos autoctonos, quizás tuviera algún interés para completar el cuadro de tal polifacética personalidad como lo es nuestro representado, mencionar otros datos, esta vez provenientes del que fue Ministerio de Justicia, se trata de las oportunidades en que ha estado tras las rejas acusado de variados presuntos delitos, 1) 11-9-1984, Hurto Genérico, 2) 27-10-1988, Estafa y Lesiones Personales, 3) 23-4-1990, Estafa, 4) 24-10-1990, Estafa, 5) 9-11-1993, Atraco y Robo de Tractores, 6) 17-5-1995, Hurto Genérico Común. Dice que para que no se quedara por fuera, consignaban también los datos de lo que parece ser un mal genético o mucha casualidad, dice el periodista juzgue el lector los casos de los primos de nuestro Gobernador, 1. Antonio José Manuitt Espinoza, 29-12-1992, Hurto (Valles de la Pascua), 2. Manuel Manuitt Espinoza, 18-11-1986 (Valle de la Pascua), 3. Ángel Modesto Manuitt y José Manuitt, 16-4-1986, presuntos delitos, Homicidio y Lesiones. Señala el periodista como otro dato de su nuestro Gobernador es que le cupo el honor de aparecer en una obra de Guillermo Pantín, publicada por Editorial Pomaire en Caracas, el 1994, en la página 187, el titulo del libro es Latinomafía, allí se menciona que su nombre aparecía en los números rojos del Banco Latino, para el momento de su quiebra, resalta el periodista, la del banco no la del Gobernador, año 1984, relacionado con un chanchullo del orden de los 42 millones de bolívares. Sigue señalando en el informe, que este prócer de la patria, recientemente se le homenajeó con la entrega de una réplica de la espada del Libertador, de manos del General de División del Ejercito, Raúl Isaías Baduel, en un concurrido acto, que incluyo una misa, la presentación de la coral del Ejército y en el que incluso el propio Gobernador Manuit tomo el micrófono para deleitar a los asistentes con una recia canción llanera, y así continua señalando el periodista otra serie de hechos. Toda esta serie de hechos que el periodista ha imputado a nuestro representado caben dentro del presupuesto del artículo 444 único aparte del Código Penal abrogado, como lo es el delito de Difamación Agravada, ya que la intención del periodista no es solo señalar que mi defendido es corrupto sino que también es la familia. Es de señalar que mi defendido no tiene registro policial, Eduardo Manuit tiene registro pero aparece como vicitma, según en el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para aquel momento. En Venezuela la Constitución da las pautas para la libertad de expresión y de opinión. El artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente señala, que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, con lo cual queda claro que esos derechos fundamentales deben ser respetados, tanto por los órganos del Estado, como por los particulares, especialmente, los comunicadores sociales en el ejercicio de su profesión, toda vez que por mandato del artículo 57 del Texto Constitucional, al referirse a la libre expresión del pensamiento, se hace énfasis es que, quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado, éste artículo, cuando habla de la libertad de expresión, establece que no es un derecho absoluto, sino que es un derecho relativo, ningún periodista puede publicar lo que le parece en gracia, establece que el que haga uso de este derecho asume la responsabilidad del daño que ha causado. El delito de Difamación, consiste en imputar a un individuo un hecho determinado, que se haga con varias personas, con la agravante, que parte de esos hechos son falsos, el periodista debió verificar la fuente, como es posible que una persona va a decir que tiene registro policiales, cuando el propio artículo 57 dice que la persona que difame asume su responsabilidad. No cabe duda que las publicaciones del ciudadano Henry Crespo Fonseca, en fecha 14 de enero de 2005, estaban dirigidas a orientar, a difamar que el ciudadano Eduardo Manuit es una persona poca proba, que no tiene meritos para desempeñar el cargo que hoy ostenta. La conducta del acusado encuadra, dentro de las previsiones del artículo 444 del Código Penal abrogado, por haberse divulgado expresiones difamatorias mediante un órgano de prensa escrita, como lo es el Semanario Las Verdades de Miguel, capaces por demás de exponer a nuestro representado al desprecio y odio público, a tal efecto consignamos los ejemplares de prensa. Estamos ante un periodista que mezcla periodismo y política, el señor Henry Crespo, quiso tomar este semanario como un medio para desacreditar a una figura publica como lo es nuestro representado. Si bien es cierto que es un funcionario público, de los hechos ha quedado evidenciado que lo que pretende con el informe pelicano el periodista no es mantener informada verazmente la opinión pública, aquí estamos en una intención del acusado de desacreditar a nuestro representado. El artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal le da la oportunidad al acusado para oponer sus excepciones, cuestión que no hizo, en el expediente no promovió prueba alguna, no se excepciono, es evidente que pone en tela de juicio el periodismo que dice que realiza. Trae a colación el caso del New Time de Estados Unidos, dice que el periodista no puede ser condenado, estamos en Venezuela y la constitución da las pautas y el artículo 57 es claro. No cabe duda que estos hechos que he narrado a la luz del artículo 444 único aparte del Código Penal abrogado, no cabe duda la divulgación que eso tuvo en el sin número de colectivos de personas. Se le ha señalado una serie de hechos que han sido capaz de exponerlo al desprecio y al odio público. El artículo 442 del Código Penal vigente, que en caso que la difamación se haya hecho en ejemplar, harán plena prueba, no solo del cuerpo del delito, con esos medios de pruebas que reposan en el expediente estaría demostrándose el delito de Difamación Agravada. En este debate quedara demostrada la responsabilidad y culpabilidad de acusado Henry Crespo Fonseca por el delito por el cual lo acusamos, por lo que solicito la aplicación de la pena prevista en el artículo 44u único aparte del Código Penal abrogado, en su término medio, ya que estamos ante una pena de un año y seis meses, pena esta que solicito se aplique al acusado en su oportunidad correspondiente. De conformidad con el artículo 450 del Código Penal abrogado, solicitamos que la sentencia condenatoria que recaiga en la presente causa o un extracto de la misma a criterio del Tribunal sea publicada a costa del acusado, las veces y en los diarios que indique el Tribunal. Es todo”. Ofreciendo como Medios de Pruebas: Primero: Testimonio del ciudadano EDUARDO MANUITT CARPIO, venezolano, mayor de edad y con cédula de identidad Número V-3.953.055, en su condición de víctima de los hechos objeto de es