BIA crucis en Guárico
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Creada como grupo de élite, la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA)
de Poliguárico pasó de 23 a 300 funcionarios bajo el comando de
Wilfredo Febres, un hombre hoy apartado de la jefatura policial luego
de que la Fiscalía lo imputara de homicidio intencional. Otros seis
registros policiales por robo, lesiones, posesión de estupefacientes
y violación figuran en su expediente. “De todos estos casos he salido
bien librado”, dice
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Narela Acosta Ramírez
Fotos: Nicolás Pineda / TalCualCarmen Alicia Mota de Hernández no puede dormir tranquila y con el tiempo las ojeras van recrudeciéndose en el rostro.
Cuando habla, sus manos se mueven de forma constante y casi imperceptible de arriba hacia abajo. El tic nervioso se acentúa cada vez que relata cómo murió, el 12 de abril de 2004, su esposo Arturo Hernández, un comerciante español de 52 años. Aunque ella no estuvo aque día, a las 11:20 de la noche en la vía al Corozo, en Valle de la Pascua, su incesante quehacer “detectivesco” para hallar a más de 20 testigos la llevaron a una conclusión: a su marido le disparó Wilfredo Febres, comandante de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la Policía de Guárico, quiendurante cuatro años fue jefe de seguridad de la Casa Amarilla , sede de la gobernación del estado. La misma conclusión a la que llegó la fiscalía sexta de Guárico que imputó al jefe policial por el homicidio intencional de Hernández el 18 de octubre de 2004. Febres permanece en libertad.
A partir de este caso revienta la cuerda de más de 200 denuncias de violaciones contra los derechos humanos en este territorio llanero. Ya no se trata de “malandros” con prontuario policial. Hernández era un comerciante próspero y, además, con ciudadanía española, lo hizo movilizar al servicio consular de ese país, que ofreció ayuda jurídica a la viuda.
La Brigada de Intervención y Apoyo es la principal fuerza del orden público señalada por abuso de autoridad y ejecuciones arbitrarias en las denuncias que se presentaron ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Filas adentro no hay calma, aunque los jefes de la BIA no lo reconocen abiertamente . “Eso es algo normal, nosotros hacemos cambios de rutina, y también cambiamos al personal cuando recibimos una denuncia.
Transferimos a los policías señalados hasta el comando general de la policía de Guárico hasta que culmina la averiguación administrativa”, comenta el actual comandante de ese cuerpo, coronel (GN) Domingo Antonio Moncada Cárdenas.
Esto fue lo que sucedió con Wilfredo Febres, quien fue transferido los primeros días de diciembre de 2004. Este funcionario no es el único con denuncias.
Moncada asegura que en el último año se han destituido 100 policías por diferentes causas: abuso policial y maltrato a la comunidad, entre otros.
Desde el año 2002 hasta la fecha la Defensoría del Pueblo lleva un conteo de 23 cadáveres localizados en las vías hacia TucupidoZaraza, Chaguaramas-Las Mercedes, El Socorro-Espino, El Corozo-El Páramo, sobre los cuales el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no ha determinado responsabilidades.
“Hasta que el CICPC no termine las investigaciones no podremos saber si estas muertes cumplen con las características de un ajusticiamiento, o si participó o no algún cuerpo policial como ejecutor del asesinato”, explica el defensor del pueblo asignado a la región, Juan Sierra.
Ese despacho lleva también otros 46 expedientes de presuntos ajusticiamientos en El Socorro, El Corozo, Calabozo, Chaguaramas, Espino, Roblecito, San Jerónimo, Los Bálsamos, y Mamonal.
En estas denuncias se involucra en 16 ocasiones a funcionarios de BIA; en 6 a Poliguárico, en otras 6 a la Disip y en 18 al CICPC. Se reseñan también 83 casos de abuso policial en el 2004. El mayor número de denuncias proviene de Valle de la Pascua, justamente donde tiene su sede principal el comando de la BIA, al final de la calle Orituco en el sector 5 de Julio.
LOS CAMUFLADOS
Entrar a la sede de la BIA, donde se reúnen 330 hombres armados de escopetas y fusiles, es como llegar a un territorio declarado en guerra. Seis barricadas de medio metro de altura, hechas con bolsas negras rellenas de tierra y piedras, dan la bienvenida.
Un hombre fibroso despabila de su letargo en una silla, afierra con seguridad su fusil y avanza hasta el automóvil que está justo en medio de las barricadas. Su uniforme camuflado, de fondo azul grisáceo moteado con manchas negras, se pierde en la pintura de las paredes, que poseen el mismo diseño. Por algo los funcionarios del BIA son conocidos por la población como “los camuflados”.
Infundir temor con el porte y el uniforme camuflado fue una idea de Eduardo Manuitt, a comienzos de su gestión como gobernador de Guárico. Héctor Luna, quien fue secretario de gobierno en 1999, recuerda que el Gobernado propuso crear para “arrasar” con el hampa. “El coronel de la Guardia Nacional , comandante de Poliguárico, Artemio Boada, y yo nos opusimos. Nos delineó el perfil del personal: gente joven, fuerte, y probadamente valiente, con mucha vocación para combatir la delincuencia”.
Boada impuso, sin embargo, un modelo de comando elite Comenzó un proceso de selección de 100 inspectores y agentes que fueron sometidos a decenas de pruebas, 23, que dieron inició a la birgada en agosto de 1999 en El Sombrero. Luego la mudarían a Valle de la Pascua.
“En ese momento la población exigía seguridad, y la brigada respondió a esa necesidad”, explica Luna, quien luego de un año de trabajo con Manuitt pasó a las filas opositoras el 31 de octubre del año pasado.
El comando rural recibía órdenes directas de Boada y se dedicaba a cumplir misiones específicas anti secuestro, anti extorsión y a veces para combatir el robo de ganado. Al parecer, el coronel cuidaba mucho el trabajo de este grupo y decidió agruparlos en San Juan de los Morros, para tenerlos cerca y evitar los problemas que a lo largo de la historia policial en Venezuela tuvieron otros grupos elites.
Luna recuerda el ingreso de Febres a la policía, como jefe de seguridad de la gobernación, a comienzos del 2000, fue motivo de polémica.Venía recomendado por Freddy Bernal, alcalde del Municipio Libertador de Caracas, quien lo conocía desde que estudiaron juntos en el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana de Caracas. Febres reconoce que se graduó en la misma promoción de Bernal pero asegura que cumplió todos los requisitos para su ingreso.
Boada renuncia el 28 de septiembre de 2000. Tuvo problemas con Manuitt por cuestionar que a Febres se le diera el cargo de inspector.
Febres se había presentado con una cédula falsa. La real indicaba que tenía varios cargos por estafa, droga y violación”.
En la planilla de ingreso de Febres se leía el número de cédula 5.557.330. El coronel Boada revisó los datos en el recién adquirido programa del Sistema Integrado de Información Policial (S.I.I.P.O.L.) y constató que el documento pertenecía a otro ciudadano.
Continuó la búsqueda y halló el número verdadero 5.557.320, con el que aparecía un antecedente penal por posesión de estupefacientes por el que detuvieron a Febres el 20 de octubre de 1988, en el municipio metropolitano de Valencia, estado Carabobo..
En documentos de la fiscalía sexta constan además un antecedente por hurto y seis registros policiales (investigaciones sin concluir) por robo, lesiones personales, detentación de estupefacientes y 2 casos de violación. Febres alega que el incidente con su cédula fue un error de trascripción, y que no tiene deudas con la justicia.
“De todos estos casos he salido bien librado”, declaró a TalCual.
Por otras fuentes se supo que la salida de Boada tuvo motivos adicionales. A parte de Febres, Manuitt intentó realizar otros cambios el 28 de septiembre del año 2000. Le propuso una reestructuración de la policía a Boada y este coronel le envió un informe con una lista de oficiales que debían ser destituidos, entre los que figuraba el jefe de seguridad acompañado del reporte del S.I.I.P.O.L.. Manuiit no se negó y envió otra lista titulada “LISTADO DE PERSONAL POLICIAL QUE REALIZO CAMPAÑA A FAVOR DEL CANDIDATO DE AD”, con 100 nombres de funcionarios para destituir. Boada lo rechazó porque los consideraba oficiales eficientes. El trámite finalmente se efectuó por la oficina de recursos humanos, y el coronel solicitó una auditoría y la intervención de la policía al Ministerio de Interior y Justicia, finalmente coordinada por el general Rafael Núñez Vidal.
Como resultado más 50% del personal despedido fue reincorporado, con una orden firmada por el propio ministro para la época Luis Alfonso Dávila.
Tras la renuncia de Boada, Febres asciende a comandante de la BIAen septiembre de 2002.
A partir de ese momento la misión de la BIA cambió. Febres encontró 23 funcionarios y “a petición de la comunidad” incrementó el número de funcionarios hasta llegar a 330. Los entrenamientos ya no se realizan en el CORE 2, sino en la sede de Poliguárico.
“Los comandantes lo que hacen es darle su toque personal a la dirección de la brigada, mas nada”, relata ahora el ex jefe policial.
DE LA SEGURIDAD AL MIEDO
Carmen Alicia Mota caminaba todas las mañanas por el lado oeste de la avenida Rómulo Gallegos de Valle de la Pascua. Encontraba a menudo los vehículos de la BIA y se sentía segura. Los saludaba con un gesto de la mano, y continuaba su recorrido, contrariando los consejos de su esposo, el comerciante español Arturo Hernández, cuando le pedía que no saliera a la calle. Comenzó a mostrarse inquieto los meses previos a su muerte.
Gracias a una veintena de testigos reconstruyó la historia que sufrió su esposo cuando salió de la tasca en el Hotel El Comercio, la noche del 12 de abril de 2004. Afuera lo esperaba un Toyota Corolla blanco, con vidrios ahumados, conducido supuestamente por Febres vestido de civil, y estaba acompañado por los funcionarios Luis Enrique Ledezma, Evin Rafael Quiche, Adolfo León Delgado Ibarra y Juan Ramón Ribas Lara, según el relato de los informantes. En el trayecto los policías dispararon al camión 350 que Arturo utilizaba para trabajar. El recorrido a toda velocidad culminó a las 11:20 de la noche frente a la Disip, una hora después. Hernández fue interceptado, el policía bajó del vehículo y le disparó.Murió desangrado en el Hospital Rafael Zamora Arévalo. La versión policial indica que era víctima de un secuestro express – aunque los testigos lo vieron sólo y no había más carros que el de la policía-.
“Me parece extraño que aparece con cinco impactos de bala, y en su camisa sólo hay uno”, argumenta su esposa mientras muestra las fotos.
Ahora es la dueña del próspero negocio “Pollo Arturo”, una pollera que ahora también consume el tiempo de sus hijos que, luego del suceso, abandonaron la universidad para ayudar a Alicia.
El dinero casi no rendía en el negocio antes de la muerte de Hernández.
Su hijo Roberto Hernández recuerda que los policías comenzaron a pedir pollo, como colaboración de un ciudadano con las fuerzas del orden.
Luego pidieron dinero para resguardar la pollera que fue atracada varias veces antes de que llegara la BIA.Pero de eso se enteraron después, porque Arturo no ventilaba estos problemas en casa. “Alguna vez Arturo me comentó que aquí se pagaba vacuna, pero no le hice caso, le dije que eso era imposible. Cuando murió revisé las cuentas. Habíamos preparado un depósito de 27 millones de bolívares para depositarlo el lunes siguiente, y el dinero había desaparecido”. |
