Entre corrupción y denuncias el Guárico se cae a pedazos

AUGE Y CAÍDA DEL “FOLLÓN” LLANERO EL CHAVISMO SIN CHÁVEZ TIENE UN GENERAL http://www.lasverdadesdemiguel.com.ve/articulos.php?id_noticia=1431&id_columna=15&ejemplar=57&ano=2

Henrry Crespo F. crespoache50@…

Alvaro Toro López alvaro_toro2001@…

El caso Manuitt es la lucha de un individuo contra las instituciones. Y, aunque sus cortas miras le impidan siquiera imaginárselo, no sabe el gran servicio que hace a nuestras instituciones poniéndolas a prueba. El affaire Guárico “es extremadamente grave: hay homicidios, torturas, extorsión, secuestros, incluso de periodistas, destrozos de La Prensa del Llano”, como afirmó recientemente el diputado Nicolás Sosa, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, cuyo informe final está listo. Se da como un hecho que ésta recomiende a la plenaria del cuerpo legislativo elevar al Ministerio Público la solicitud de antejuicio de mérito contra Eduardo Manuitt Carpio. Ante la inminencia de la decisión, el aún gobernador cree que saldrá bien librado: “No está planteada ninguna separación de mi cargo. El único que puede separarme es el pueblo”. Precisamente, los procedimientos institucionales por medio de los cuales el pueblo lo echará a la calle se han puesto en marcha. El cuerpo legislativo nacional, la institución que por excelencia encarna la soberanía del pueblo, está llamada a dar el primer paso. No ha sido una tarea fácil: precisó mucho tesón, valor y perseverancia. Denunciantes y testigos, diputados y periodistas, amenazados de muerte, insultados públicamente, tentados con el soborno, entre todos han hecho posible el esperado pronunciamiento. La prensa ha sido factor decisivo en estas jornadas. En particular la prensa regional ha sufrido de todo: sus periodistas han sido detenidos, torturados, perseguidos, insultados, llevados a juicio, hostigados en sus hogares y atacados por turbas en sus sitios de trabajo. A nivel nacional, Las Verdades de Miguel ha estado a la vanguardia de esta lucha. Hemos recibido amenazas de muerte, insultos y calumnias. Se ha intentado retirarnos la publicidad oficial, se nos ha conducido a juicios bufos y a inicuos interrogatorios policiales. No han podido ni podrán amedrentarnos. Hemos asumido la representación de un pueblo hastiado de la corrupción y la arbitrariedad y nada ni nadie nos desviará de esta línea de conducta. Firmes contra las desviaciones En nuestra edición 38, en diciembre de 2004, denunciamos las aspiraciones del “Chavismo sin Chávez”, lo cual dio pie a que se incoara un juicio contra nuestro editor. En enero de 2005, en nuestro Nº 40, El Informe Pelícano abría los fuegos contra la generalizada corrupción en Guárico. En el 41 dimos la palabra al diputado Angel Landaeta; en el 44 aparecen testimonios de familiares de las víctimas de Manuitt. En la edición 45 denunciamos la persecución a la prensa local y a los fiscales del Ministerio Público así como la descomposición de la policía regional, mientras Gustavo Hernández señala los vínculos de Manuitt con el narcotráfico. En la 46 radiografiamos la cultura de la corrupción a la luz de su expresión en Guárico, alertamos al Presidente de la República sobre la gravedad de la situación y dimos la palabra al diputado Nicolás Sosa. En la 47 pusimos al descubierto la cloaca que engalana al Circuito Judicial Penal del estado Guárico y en la 53 servimos de altavoz al diputado José Ernesto Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Contraloría de la AN. Hoy el “Follón del llano”, como se hace llamar por sus dotes de seductor, busca desesperadamente apoyo político haciendo lobby en la Directiva de la Asamblea, espaldarazos del Comandante del Ejército, remitidos con el respaldo de diez gobernadores y de los secretarios generales de cinco partidos de pacotilla; remitidos amañados de los alcaldes del estado, al extremo de que uno de ellos denuncia que su firma fue falsificada. Parecieran poner sus barbas en remojo quienes saben que una de las obvias consecuencias de las medidas por venir contra el gobernador Follón es que la AN “establece un antecedente para contrarrestar la arbitrariedad de algunos gobernadores”, como lo expresó Nicolás Sosa. Joyitas escondidas Las denuncias contra Manuitt, hoy contenidas en una montaña de documentos que reposan en las más diversas instituciones, se han venido acumulando incluso desde mucho antes de que fuera electo gobernador. Son tantos casos que muchos aún no son conocidos por la opinión pública. De entre ellos valga la pena mencionar los siguientes. En primer lugar, el caso de la profesora Haydee Altuve de Benavides quien, de acuerdo con nuestras fuentes, compró de contado una casa de Bs. 56.000.000 el 20/6/2003. La Sra. Altuve es madre de María Isabel Benavides Altuve, ingeniera agrónoma y jefa de División en Fondur quien, ganando Bs. 895.000 mensuales, compró de contado dos parcelas por Bs. 22.600.000 el 8/3/2004. En esas parcelas se construye una casa cuya inversión, aún sin terminar, se calcula en Bs. 180.000.000. Entre madre e hija han invertido, en un año, Bs.260.000.000, sin contar los muebles de la casa de la primera. Y resulta que la segunda es madre de uno de los tantos hijos del gobernador. El segundo caso corresponde a la Fundación Patria Nueva, instituida por el gobernador Eduardo Manuitt mediante decreto Nº 256, de 12/8/1999, publicado en Gaceta Oficial Nº 102. El nombre completo del ente es “Fundación Patria Nueva para la Inversión Social Inmediata del estado Guárico” y su carácter es de “ente público de derecho privado”. De acuerdo con sus estatutos, su objeto es planificar, desarrollar y ejecutar inversiones sociales en forma inmediata y que no excedan individualmente 10% de su presupuesto de gastos; los integrantes de su Junta Directiva son designados y removidos sólo por el gobernador y su patrimonio está constituido por aportes o transferencias corrientes o de capital hechas por el ejecutivo regional. Pese a que en la cláusula 36 de sus estatutos se lee: “El Presidente de la Fundación se encargará de la presentación de este documento ante la Oficina de Registro competente del Estado Guárico para su protocolización”, ello nunca se hizo. Héctor Luna, entonces presidente del Consejo Legislativo del estado solicita, el 11/9/2001, a la Contraloría General regional un pronunciamiento sobre la situación jurídica de la fundación. La respuesta, firmada por el director general, Donald Bermúdez, es que “carece de personalidad jurídica”. Comunicado este dictamen al presidente de la fundación, Alberto Spartaliani, éste solicita opinión a la Consultoría jurídica de la Gobernación, la cual dictamina, el 9/10/2001, que “no es necesario la protocolización de los Estatutos de la Fundación Patria Nueva, en virtud de que la misma no es de carácter privado sino público, además una vez publicado en Gaceta Oficial del Estado la creación de dicha fundación ya tiene autenticidad”.  Una vez más Héctor Luna denuncia esta irregular situación, el 28/5/2002, en esta ocasión ante el diputado de la AN Miguel Angel Moyetones: “Es el caso que a través de dicha Fundación se han hecho erogaciones de miles de millones de bolívares del presupuesto del Estado, de cuyo destino no ha sido posible conocer a este Consejo Legislativo, en ejercicio de su función de control del ejecutivo regional, por cuanto su presidente, Alberto Spartalián, único desde su creación, al igual que el ciudadano gobernador, no rinden cuentas de su gestión. Cabe recordar que el gobernador Manuitt tampoco rindió cuenta de su gestión como tal durante el año 1999; del 2002 presentó un informe incompleto que le fue improbado por este Consejo Legislativo; y en lo que va del año 2002 tampoco ha presentado las cuentas del año 2001, todo ello en flagrante violación de lo ordenado en el artículo 161 de la Constitución Nacional”. El texto continúa así: “De esta manera pongo en sus manos este otro de los tantos casos de irregularidades administrativas en las que incurre a diario el gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuitt, los cuales han sido denunciados por ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República sin que hasta esta fecha se conozca respuesta alguna”. La extraña figura jurídica de un “ente público de derecho privado” ha significado, en la práctica, que la fundación se nutre de los fondos públicos pero de éstos dispone en forma privada y exclusiva el gobernador. Y luego se arguye, a conveniencia de parte interesada, que es pública o que es privada, según el caso. Desde los tiempos de los griegos antiguos, la distinción entre las esferas pública y privada es la piedra de toque de todo pueblo civilizado y su confusión es sinónimo de vuelta a la barbarie, tal como ha hecho retroceder al estado Guárico un gobernador que no distingue entre lo que es suyo, lo que le es propio, y lo que es del dominio público. Más joyitas El tercero lo ha denunciado el diputado Angel Landaeta ante el magistrado del TSJ Luis Velásquez Alvaray, el 9 de mayo de 2005. Se trata del sobreseimiento de la causa que se seguía a once imputados por narcotráfico por parte del juez de 1ª Instancia del Circuito Judicial Penal de Guárico, extensión Calabozo, Juan Pedro Mahuad Prieto, quien declaró nulidad absoluta de las actuaciones policiales y ordenó la inmediata libertad plena de los acusados. Según la denuncia de Landaeta, los alegatos de la defensa llegaron por el servicio de MRW, mientras el juez se reunía a puerta cerrada con los imputados y, para amarrar el asunto, Rafael González Arias, presidente del Circuito, el “arcángel” del Guárico, envió al abogado Juan Antonio Brito Scott como secretario administrativo, quien actuó en el expediente sin nombramiento de la DEM (Poder Judicial), lo que es totalmente irregular y torna nulas todas las actuaciones del juez Mahuad. A ese enviado se le designa luego secretario de ese tribunal, con el cual ya éste tendría siete secretarios. Landaeta resalta que “Llama poderosamente la atención, además, que el abogado en cuestión es familia de la Dra. María Antonieta Scott de Brito, juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de San Juan de los Morros, coincidencialmente también sobrino de la esposa del Dr. Rubén Fernández, secretario privado del gobernador del Estado Guárico”. Añade: “También es sospechoso que a pesar de haberse encontrado armas de guerra en dicho procedimiento, algunas pertenecientes a la Gobernación del Estado Guárico, no se haya imputado a los detenidos por porte ilícito de armas de guerra”.  Manuitt mintió, una vez más, cuando aseguró al periodista Oscar Medina, de El Universal, el 17/4/2005, que había denunciado la desaparición de esas armas. Según afirmó Landaeta, en el seno de la Comisión de Política Interior: “Hemos encontrado que los fusiles FAL que tenía la Gobernación estaban en los cargamentos de drogas custodiándolos y ellos cometieron el error de no denunciarlos como robados y lo hicieron posterior al decomiso de la droga”. Más claro no canta un gallo y más feo no pía una gallina. Entre misses y estimulantes En la misma sesión de la Comisión de Política Interior a la que Manuitt solicitó comparecer (27/4/2005) para luego no asistir y calificarla como “circo barato”, el diputado José Ernesto Rodríguez agregó al rosario de imputaciones: la presunta corrupción de menores denunciada por Pedro Emilio Machado, padre de una de las candidatas a reina de carnaval en Valle de la Pascua, a quien le pareció sospechoso no sólo que a su hija le depositaran una cifra millonaria en una cuenta de ahorros para cuya apertura falsificaron su cédula de identidad debido a su condición de menor de edad, sino también el lugar al cual trasladaban a las candidatas. Según el diputado Rodríguez, una vez que solicitó a la Comisión profundizar en la investigación de esta denuncia, emisarios de Manuitt se acercaron al denunciante “para ofrecerle apartamentos, carros, y dinero siempre y cuando retirara las denuncias que cursan por ante los organismos competentes del estado Guárico”. En las entrañas del monstruo (I) El abogado José Nicolás Felizola Gimón es asesor jurídico y Comisionado Anticorrupción de la Gobernación del estado Guárico desde el 3 de enero de 1999. Ha asistido legalmente a Eduardo Manuitt desde 1988 en una gran cantidad de demandas y fue procurador general del estado en 1990. Conversó con nosotros ya que conoce de primera mano la administración regional desde hace más de un cuarto de siglo y afirma que “el actual gobierno de Guárico es el más corrupto, nepótico, incapaz e inmoral de todos (…) una vergüenza nacional, un desastre total que da asco”. Pero señala que es en el Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Guárico (Iaveg) donde todos esos vicios alcanzan su máxima expresión: se trata de “un antro de corrupción, el mayor centro de corrupción del gobierno de Manuitt”, quien se sirve de él como si fuera de su propiedad particular para premiar con viviendas a sus familiares y a sus “serviles y lacayos”. Además de que su directorio es nombrado por capricho del gobernador, funciona desde hace tiempo ilegalmente, sin los representantes de Fetraguárico y de la Asociación de Alcaldes. El mismo José Nicolás Felizola fue miembro principal del directorio, al cual renunció el 30 de julio de 2003. Entre las irregularidades más notorias del Iaveg está la adquisición de 50 Has. por 250 millones de bolívares en el sector Lomas de Lino, en Valle de la Pascua, sin autorización de la directiva y pagado en efectivo, ambas cosas improcedentes. Resulta que no se pudo ejecutar la urbanización del área porque el terreno corresponde a una zona industrial, la Alcaldía mandó a paralizar los trabajos y Fondur perdió una cantidad millonaria en recursos. Se intentó, mediante sucesivas comunicaciones al Ministerio de Infraestructura, cambiar la denominación de uso sin lograrlo. La venta se realizó el 29 de marzo de 1999 y el abogado que redactó el documento del caso es Rafael Bolívar Carpio, primo de Eduardo Manuitt Carpio, y de quien mencionaremos otros detalles seguidamente. La última modalidad de corrupción y nepotismo practicada por Manuitt por medio del Iaveg es la de los “créditos fraccionados”. Resulta que todo crédito cuyo monto esté entre 4 y 10 millones de bolívares debe ser aprobado por el directorio del instituto mediante un procedimiento específico. Para saltarse esos trámites, Manuitt otorga entonces a dedo múltiples créditos de tres y tantos millones a una misma persona, la que, en definitiva, termina recibiendo cientos de millones como, por ejemplo, Carolina Bolívar Lugo, actual esposa de Manuitt; el abogado Pablo Bolívar Carpio, el ya mencionado primo del gobernador, y su esposa, Mercedes Amparan de Bolívar, entre otros. No sólo se violan todos los procedimientos de adjudicación y de contratación, también se evade el pago de impuestos: el Seniat no recauda ni medio en estos casos. A lo anterior agrega que hay una urbanización llamada Las Abejitas, donde la mayoría de las viviendas son de familiares y “lacayos” de Manuitt. Felizola Gimón conoce muy bien al monstruo porque ha vivido en sus entrañas. La Gobernación, además, represa miles de millones en depósitos bancarios mientras debe enormes cantidades a despedidos y jubilados así como a contratistas y proveedores que han ganado demandas en su contra y a los cuales, obligada por los tribunales, termina pagando enormes montos, con el consiguiente daño al patrimonio público. Se trata, en suma, de una administración que ha hecho de la insolvencia su estilo de gestión. Así como el Iaveg soporta cuantiosas pérdidas milmillonarias, el Fondo de Desarrollo de Guárico (Fonder) actualmente afronta demandas por 10 mil millones de bolívares. Las concesiones viales, mediante las cuales se administran los peajes de carreteras, no se sabe si están vencidas y se ignora su estado contable actual. Felizola es enfático al reiterar que se trata de un gobierno que no paga y llevado a juicio paga a juro mucho más de lo que debiera. En general, el desorden administrativo y contable del ejecutivo regional es demencial, lo que es un reflejo de la personalidad de su titular, y permite, encubierto en el mayor desorden, el ejercicio de la corrupción. En las entrañas del monstruo (II) Como reflejo de ese desorden se destaca el hecho de que desde el comienzo de su gestión Manuitt no presenta con regularidad la Memoria y Cuenta que están obligados a rendir los gobernadores ante el Consejo Legislativo respectivo. El 24 de mayo de 2001 en el documento titulado “Acuerdo de improbación del informe de gestión año 2000 del gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt Carpio”, firmado por Héctor Luna y Hely Hernández, presidente y secretario respectivamente del cuerpo legislativo regional, se lee: “Como quiera que el gobernador del Estado Guárico no presentó en el año 2000 memoria y cuenta de su gestión en el año 1999, este Consejo Legislativo, a comienzos del corriente año, le advirtió sobre la obligación constitucional en que se encontraba de presentar los informes de gestión correspondientes a los años 1999 y 2000; éste sin embargo se limitó a presentar sólo el informe del año 2000”. Después de su análisis, se concluye: “En razón de las observaciones antes señaladas es obligante para este Consejo Legislativo declarar la insuficiencia del presentado informe de gestión año 2000 del gobernador del Estado Guárico, Sr. Eduardo Manuitt, y por consiguiente la imposibilidad de evaluar la correspondiente ejecución presupuestaria”. Es también un gobierno que no responde solicitudes, ni siquiera de sus propios funcionarios, que viola sistemáticamente el artículo 51 de la Constitución, ése que obliga al gobernante a dar respuesta a las peticiones que se le formulen. Felizola refiere que son muchas las solicitudes y recomendaciones que ha remitido a Manuitt sin obtener respuesta alguna. En particular, como Comisionado Anticorrupción es testigo de cómo el gobierno regional ha torpedeado continuamente las diligencias de los fiscales del Ministerio Público en el estado Guárico, mediante la combinación del soborno y la intimidación. Recuerda que el 2 de octubre de 2000, en una comunicación dirigida al gobernador, le hacía ver que el fiscal César Mirabal tenía razón cuando alegaba que ningún organismo policial podía practicar actuaciones sin la supervisión del Ministerio Público, observación que le ha hecho en innumerables ocasiones. Añade que Manuitt es un mentiroso y un farsante, que vocifera en su contra desde su programa radial de los martes diciendo que lo ha destituido. Sin embargo, José Nicolás Felizola le ha solicitado que se lo haga saber por escrito sin obtener respuesta. Es más, José Felizola viene solicitando reiteradamente su jubilación desde el 6 de junio de 2002 sin recibir respuesta de ningún tipo. Lo que sí ha hecho, valiéndose de sus “lacayos y serviles”, es amenazarlo de muerte, tratar de intimidarlo y presionarlo, por lo cual lo responsabiliza de lo que pueda pasarle a él o a su familia. Felizola asegura, además, que Manuitt es un cobarde que ha vejado y golpeado a numerosas personas apoyado por sus sicarios, pero que es incapaz de enfrentarse a solas con nadie. Refiere que el culto a todos esos vicios del gobierno regional que profesa su titular, que se salta todos los procedimientos legales, que no paga, que no responde, que insulta, atropella e intimida al que reclama, tienen su origen en la forma de ser de Manuitt, porque él en su vida personal es así, déspota, arbitrario, demencialmente guapetón e ingrato. En particular señala que “si hay un ser malagradecido en esta tierra, un ser que no conoce la fidelidad ni la gratitud, ese es Eduardo Manuitt”. Felizola recuerda las innumerables veces que lo ha salvado asistiéndolo en graves demandas en su contra mucho antes de que fuera gobernador. Pero Manuitt no recuerda nada de eso: no conoce otra relación que no sea el servilismo incondicional. Ha impuesto un régimen donde reina el terror en el estado Guárico. No escucha ni responde observaciones ni críticas de sus subalternos ni de nadie. En las entrañas del monstruo (III) Felizola recuerda que Eduardo Manuitt, cuando tomó posesión de la Gobernación del estado Guárico, estaba en una situación económica precaria, prácticamente en la ruina. Venía de perder, como resultado de un largo juicio, una demanda millonaria con la empresa Cargill de Venezuela, que reclamaba la cancelación de una letra de cambio resultado de un préstamo concedido por el Banco Latino. También debía un crédito a la Corporación Semillas de Venezuela Coseven. Además, al asumir la Gobernación no presentó la Declaración de bienes exigida entonces por la Ley de Salvaguarda. De haberlo hecho, en ese documento constaría que Eduardo Manuitt llegó a la Gobernación cargado de deudas. Felizola se pregunta cómo ha hecho Manuitt para convertirse, desde entonces, en uno de los principales dueños de haciendas del estado, cómo ha logrado construir un emporio, del cual sólo el hato La Guabina es de tal magnitud que lo único que le falta para ser un pueblo es la presencia de una iglesia, sin contar con las muchas propiedades que tiene a nombre de familiares y testaferros. En nuestra edición 40, 14-20 de enero de 2005, señalábamos, en el Informe Pelícano, que el nombre de Manuitt aparecía mencionado en el libro Latinomafia relacionado con un chanchullo por el orden de los 42 millones 760 mil bolívares. Parte de ese mono corresponde a un crédito agrario y a una letra de cambio que Manuitt adeudaba a ese banco y por cuyo incumplimiento lo demandó la empresa Cargill de Venezuela el 22 de septiembre de 1995. En el curso del proceso “El demandado, por órgano de sus representantes judiciales, contesta la demanda alegando: que desconoce en contenido y firma la letra de cambio base de la acción ‘por no ser cierto lo que en ella contiene, ni del puño y la letra de nuestro representado la firma que aparece suscribiéndola’”. En la apelación que Manuitt introdujo, la cual se declaró sin lugar ratificando la sentencia que lo condenaba en primera instancia, el 1º de junio de 2000, se lee: “Dicha letra fue desconocida en contenido y firma por la parte demandada y el actor insistió en hacerla valer y promovió la prueba del cotejo, la cual fue admitida y designados los expertos, Peritos-grafotécnicos (…) concluyen en su Informe diciendo que los rasgos manuscritos sometidos a su consideración fueron trazados por Eduardo Manuitt Carpio”. Cuenta Felizola que de maniobra en maniobra, Manuitt alargó el proceso todo lo posible, luego apeló la sentencia y ésta fue ratificada en todas sus partes, pero ya le había puesto las manos a la Gobernación, lo que le permitió disponer del erario público para levantar de nuevo sus derruidas villas a punto de perderse. Todavía el 8 de enero de 2001 el Juzgado 9º de 1ª Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas se dirige al registrador subalterno del Municipio Infante del Estado Guárico en los siguientes términos: “Me dirijo a Ud. en la oportunidad de participarle que este Tribunal, actuando en juicio que por ejecución de hipoteca ha incoado el Banco Latino C. A. contra el ciudadano Manuitt Carpio Eduardo, decretó, mediante auto de fecha 23/10/2001, medida de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes e inmuebles propiedad de la demandada, los cuales se describen (sic) a continuación”. Se trata de una finca de 450 Has., que incluye los fundos Aguada Nueva, Morichote, Salisipal, Aguada Nueva y Los Juajueritos; y de las 903 Has. con 9.000 metros cuadrados de La Guabina. Para Felizola valdría la pena cotejar los avalúos correspondientes a estas propiedades del gobernador antes de fungir como tal contra su valor actual a objeto de que justifique cómo levantó esa fortuna de la noche a la mañana. Un problema nacional En nuestra edición 46, 25 de febrero-3 de marzo, advertíamos que el descalabro de la gestión de Manuitt era de tal magnitud que excedía los límites del estado Guárico, que ya no se trataba sólo de un problema local, sino que constituía un problema nacional, un asunto de Estado en la plena acepción de la expresión. El desarrollo de los acontecimientos ha tomado un nuevo giro y nos ha dado la razón. Repetimos hoy lo entonces dicho: “Se trata de un problema nacional, que compromete seria y gravemente el destino de la revolución y de la patria misma (…) Es un problema nacional y debe tratársele como tal”. La situación de Guárico ha desbordado los límites físicos e institucionales del estado. Son tres las comisiones parlamentarias que han investigado las barbaridades cometidas por Manuitt. Sus miembros han sido hostigados por turbas y por los cuerpos policiales locales durante las visitas que han realizado al Guárico. Se les ha amenazado y pretendido sobornar mediante emisarios y llamadas telefónicas en sus oficinas de la Asamblea Nacional y en sus hogares. Se les ha insultado y descalificado desde diversos medios en forma reiterada y sistemática, la última de las cuales se materializó mediante un encarte pagado publicado en Ultimas Noticias el jueves 5 de mayo en el cual se acusaba de agentes del narcotráfico a algunos parlamentarios de las comisiones que lo han investigado. Ese ataque desató tal indignación que produjo un inaudito consenso en la Asamblea, como no se había visto en los últimos años, para condenar el panfleto de marras del PPT como un ataque a la majestad del cuerpo legislativo nacional. En el acuerdo suscrito por la Directiva de la AN se rechaza “De manera categórica la campaña difamatoria y obstruccionista que el gobernador del Estado Guárico, Eduardo Manuitt Carpio, ha desatado contra los miembros de la Comisión que adelanta la investigación aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional”. Sólo dos diputados votaron en contra de la declaración legislativa: Manuel Villalba (PPT) y Henry Hernández (UPV), y dos se abstuvieron: Roger Rondón (independiente) y Miguel Rojas (MVR). Sobre este último valga la pena recordar que el 13/12/2000 declaraba a La Prensa del Llano: “Escuchar a Manuitt es como oír a un borracho de plaza, que ataca y descalifica irresponsablemente el trabajo de los demás”; y el 14/1/2001 que el de Manuitt era el gobierno más ilegítimo que había tenido el estado y que su titular “Se maneja en dos criterios: la incondicionalidad o la enemistad personal”. Uno se pregunta entonces por qué de repente Miguel Rojas se ha callado y sigue callando cuando en aquel entonces era tan locuaz. Durante la gestión de Manuitt no sólo se ha corrompido y arruinado todas las instancias institucionales regionales sino que se ha extendido su siniestro estilo a los organismos públicos nacionales poniéndolos a prueba. Además, el hecho de que Manuitt sea el jefe regional de un partido nacional que, aunque ciertamente reducido, comparte importantes responsabilidades de gobierno, enloda sin dudas la gestión del Ejecutivo Nacional, no sólo el buen nombre del Presidente sino la autoridad misma del proyecto revolucionario que éste encabeza.  La verdadera naturaleza de este caso se resume así: Manuitt versus el pueblo. Que cada quien diga de qué lado está y que asuma las consecuencias. Esto hace rato dejó de ser un problema local. Aquí y ahora se juega el destino de la revolución y hay que tomar partido. La suerte inmediata de Manuitt parece echada y el papel protagónico que hemos desempeñado desde Las Verdades de Miguel en estas jornadas en particular, y contra la corrupción en general, nos otorga la autoridad moral suficiente como para exigir hoy a la Asamblea nacional y al Ministerio Público que a la luz de tantas evidencias que apuntan a la responsabilidad política de Eduardo Manuitt, y eventualmente a la responsabilidad administrativa, que actúen en consecuencia procediendo a declarar el antejuicio de mérito, allanando así el camino al Tribunal Supremo para que, por el bien de Guárico, del país y del proceso, ponga fin a la pesadilla en que se convirtió El Nerón de los Llanos.