MUERTES EN GUÁRICO II
46 denuncias y una sola sentencia
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Las cruces se suman al paisaje llanero. Son, por ahora, “presuntos
ajusticiamientos”. La justicia, lenta y torpe, no responde a las familias
de las víctimas que presionan desde organismos civiles. El gobernador
Eduardo Manuitt persiste en lo suyo: todo es una jugada política.
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Narela Acosta Ramírez
Fotos: Nicolás Pineda / TalCualRudy Armando Herrera, pescador y habitante de Cabruta, municipio Mercedes del Llano, en Guárico, cayó abatido de varios disparos a orillas del río el 18 de mayo del 2001. Por este caso el tribunal 2º de Juicio de la región condenó en el 2003 a Miguel Angel Flores Perdomo, Franklin Velásquez Cedeño y Moacarín Farías Manuel, tres funcionarios de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la Policía de Guárico, por homicidio intencional con pena de 11 años, 8 meses y 16 días.Es el único de los 46 casos denunciados en la Defensoría del Pueblo desde el 2002 que tuvo sentencia.
Carlos Isea, en aquel entonces fiscal 6° de Guárico, imputó a los oficiales, pero fue amenazado de muerte en 2001 y por razones de seguridad personal solicitó traslado para otra representación del Ministerio Público.
El problema de los ajusticiados que salió a relucir en Guárico abarca más de las 200 muertes que hoy investiga la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional , y devela otra de las paradojas de la administración de justicia venezolana:
retardos procesales, investigaciones sin concluir, escasa colaboración entre poderes y hasta en algunos casos intereses más allá de la justicia.
Aun así, en esa llanura venezolana, región ganadera bañada por un sol picante, vastas praderas verdes y recubierta de modestas edificaciones, los familiares de las víctimas esperan que al menos el sistema judicial permita el desarrollo de las investigaciones y determine, en el mejor de los casos, quiénes fueron los responsables de las muertes, aunque el fallecido haya tenido antecedentes penales. La mayoría de los infortunados son hombres:
Carlos Alfredo Ortiz, de 27 años, hallado sin vida el 13 de febrero de 2003 en la vía de Espino; o José Roberto Medina, de 37 años, quien murió el 7 de junio del 2004, y su familia lo encontró en la morgue del hospital Rafael Zamora Arévalo; o Tito Rafael Oropeza, de 53 años, muerto el 7 de junio de 2003, en un supuesto enfrentamiento con la policía a las puertas de un mercado popular; o Joanny Blanca Sánchez, de 20 años, quien recibió tres disparos en el pecho el 21 de septiembre de 2003 y apareció sin vida en la morgue.
Estos son sólo algunos de los 33 casos sin respuesta de las autoridades que lleva el Comité de Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del estado Guárico, coordinado por Oscar Cedeño y Argelia Villanueva.
La cantidad de denuncias varía según la instancia. La Fiscalía registra 100 casos de presuntos ajusticiamientos y la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional Legislativo 172 muertes, pero fue a partir de la visita de la comisión de la AN a territorio guariqueño, en noviembre del 2004, y sobre todo después de las interpelaciones realizadas en el destacamento de la GN de Guárico, el 19 de enero de 2005, cuando comenzaron a tomarse en cuenta las denuncias en otros organismos.
En nota de prensa del 31 de enero, el Ministerio Público notifica que, por decisión del fiscal general, Isaías Rodríguez, fue removida del cargo la fiscal superior de Guárico, Mirlenis Guevara . Su puesto lo asumió el 10 de febrero José Alberto Morillo, quien imputó a los seis jóvenes que lanzaron piedras la caravana del presidente Chávez en Carabobo. Rodríguez exigió, según lo expresado en el comunicado, celeridad en la respuesta a los casos pendientes y luchar contra la impunidad.
Además, enviaron a 3 fiscales con competencia nacional para estos casos: Danilo Jaimes (fiscal 34), Haisa Aissame (fiscal 49) y Elsa García (fiscal 20). En enero realizaron dos viajes a Guárico, se entrevistaron con víctimas y victimarios, y en los próximos días presentarán un informe. “Se están tomando los correctivos necesarios para que se cumpla con los propósitos y la misión de sancionar a todo aquél susceptible de haber transgredido el artículo 43 de la Constitución Nacional ”, asegura Morillo.
CALVARIO JUDICIAL
Hay varios ejemplos de este vía crucis judicial. El caso del comerciante Arturo Hernández es uno de los pocos que llegó a tribunales. El 18 de octubre de 2004, el tribunal 3° de Control de Valle de la Pascua dictó detención para el comandante de la BIA, Wilfredo Febres, y los cuerpos de seguridad no acataron el mandato de detenerlo. El 25 de noviembre la Corte de Apelaciones de Guárico dejó sin efecto la orden de captura y el Ministerio Público apeló la decisión ante la Sala Penal del TSJ, y solicitó la radicación del caso que ahora se celebrará en Carabobo.
También la denuncia de María Guerrero, una hacendada víctima de extorsión, que gracias a un operativo del Grupo de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional , pudo grabar un video el 11 de diciembre de 2004 cuando cuatro funcionarios de la BIA, Yorman López Macero, quien habría sido también escolta del gobernador Manuitt, Angel Arriechi Rodríguez, Rando Borges Rivas y Francisco Javier Ramírez, le quitaron 5 millones de bolívares a punta de amenazas.
La historia está en el expediente 12F-15-377-04 de la Fiscalía 5ª del Ministerio Público que dirige Micbe Bastidas Santaella, a través del cual imputó a los cuatro policías.
Pero al llegar a los tribunales la investigación se congeló. Los policías nunca reconocieron los hechos, y al final quedaron en libertad porque a la fiscal se le olvidó incluir en el expediente el acta de inicio del procedimiento que desplegó el GAES. La flagrancia en este caso no fue determinante.
Es difícil pensar que los altos representantes de la administración pública estuvieran ajenos a la realidad de Guárico. Cedeño comenta que el comité de derechos humanos entregó informes detallados a Lucas Rincón, cuando era ministro de Defensa, y éste les habría asegurado una respuesta, pero luego fue cambiado de cargo.
También dejaron una copia en el despacho del fiscal general, del ministro de Interior y Justicia, y del Vicepresidente, sin encontrar eco a su solicitud de una investigación transparente.
Ahora se abre de nuevo la posibilidad y para Cedeño no hay espacio para el temor, aunque ha recibido amenazas. Por si acaso, solicitó protección a la comisión parlamentaria que investiga el caso, y ésta le dio un salvoconducto en el cual se certifica que Cedeño es representante de un grupo de víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad.
¿CAMUFLAJE POLÍTICO?
El gobernador Eduardo Manuitt denuncia una campaña política en su contra cada vez que trata de explicar las acusaciones que pesan sobre la BIA por ejecuciones arbitrarias. La misma razón que dio en 1993 cuando se vio envuelto en una investigación por robo de ganado y gandolas que adelantó la Guardia Nacional. Un discurso similar al que usó durante 3 años para descalificar al fiscal 6º de Guárico, Carlos Isea, quien había investigado a varios policías por delitos de lesa humanidad.
Isea fue interpelado el pasado viernes por la comisión parlamentaria que investiga los presuntos ajusticiamientos. Contó que desde el 7 de abril del 2001 fue amenazado por Wilfredo Febres, entonces comandante de la BIA, y otros funcionarios de la brigada policial. Por este caso el ex jefe policial, junto a otros oficiales de la BIA, tiene una investigación abierta en la Fiscalía 7ª de Guárico.
Para intimidar a Isea lo llamaban por teléfono amenazándolo de muerte, hasta que, a principios de 2004, efectivos de ese comando, encabezados por Yorman López, allanaron su despacho sin orden del tribunal, alegando que cumplían disposiciones de Febres.
López, involucrado en el caso de extorsión a la hacendada María Guerrero , y sobre quien reposa un informe del 2000 en Poliguárico y en el despacho de Manuitt, que dice: “Fue dado de baja en 1999 por la reestructuración realizada, y posteriormente reincorporado bajo observación. Fue acusado por el juzgado 1º de Guárico por homicidio culposo y porte ilícito de arma de guerra el 9 de marzo de 1998, por formulación de cargos del Fiscal 1º del Ministerio Público César Mirabal (…) Es un sujeto peligroso, declarado no apto para portar armas de fuego”.
Luego le asignaron a Isea el caso del comerciante español Arturo Hernández, y la situación empeoró. El gobernador de Guárico lo acusaba de opositor, corrupto y homosexual públicamente. Un tribunal de control le garantizó seguridad a Isea, pero la Disip no acató la decisión. Finalmente el fiscal pidió que lo trasladaran. La solicitud fue concedida en mayo de 2004 y lo asignaron a la fiscalía 7ª en Trujillo, pero estos no fueron los únicos problemas que enfrentó Isea. Declaró a la comisión parlamentaria que la BIA impedía el avance de las investigaciones, y los funcionarios del CICPC, “que son los ojos y brazos de los fiscales”, no mostraban disposición para investigar. “Así es difícil conseguir las pruebas de cualquier caso”, decía. Otros fiscales pasaron por situaciones similares y fueron trasladados, como César Mirabal, Rosana Marcano y Edmundo Márquez.
HABLAN LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS
• LILIANA ARÉVALO
Hermes Arévalo, luchador de profesión, de 30 años, apareció con un disparo en la cabeza el 8 de febrero de 2004, por la vía de San Jerónimo, a 5 kilómetros del puesto de la Guardia Nacional de Tucupido. Liliana Arévalo, su hermana, fue testigo de que 3 funcionarios de la BIA, 3 días antes, fueron a pedirle 300 mil bolívares al puesto de venta de la Feria de la Virgen de la Candelaria. “Le dijeron que tuviera 300 mil más para el día siguiente. Pero Hermes no quiso pagarlos y no fue. Fueron a buscarlo 3 veces, y la última se molestaron. Como a las 12 de la noche me dijeron: ‘él aparece aunque sea explotado’ . El domingo (8 de febrero) mi hermano sale como a las dos de la tarde al Tiuna, una gallera vía Tucupido. Allí testigos dicen que vieron cuando la BIA se lo llevó en un Corolla Blanco. Poliguárico lo llevó al hospital a las 6 de la tarde sin vida.
Como no llegaba, el domingo fui en la noche al Cicpc y me dijeron que no sabían nada. El lunes a las 9 de la mañana un hombre de civil me dice ‘tengo que hablar con la señora Liliana ‘ . Le dije ‘soy yo’ y me preguntó por Hermes. Respondí que no sabía y me dijo ‘bueno, acompáñame al hospital para ir a reconocer un cadáver’”.
• JOSÉ ÁLVAREZ
José Álvarez es uno de los que superó el temor a denunciar, y uno de los sobrevivientes al abuso policial. A las 3 de la madrugada del 28 de mayo del 2004 regresaba de una fiesta en casa de su hermana, en la calle Paraíso del sector Morichal. Lo detuvo el subinspector de Poliguárico Néstor Herrera para requisarlo. “Le pregunté que por qué era tan agresivo, yo fui policía de la patrulla de camino y sé que eso no se debe hacer.
Me golpeó y discutimos y luego le di la espalda y me dio un tiro por detrás que entró por el glúteo y salió por delante. Me volteé y caminé hacia él porque eso no duele, lo que sentí fue el taquito. Volvió a dispararme causándome una fractura de fémur. Pierdo centímetro y medio del hueso de la pierna derecha, prácticamente me lisió”. Lo denunció a la fiscalía y a la Cicpc, pero asegura que su caso está “engavetado”. “Cuando pido mi expediente veo que no hay nada, en la fiscalía dicen que no lo encuentran. Nosotros tenemos las copias firmadas y selladas por el fiscal 5° que me tomó la denuncia”.
• LAUDELINA GONZÁLEZ
En medio de la vía que conduce al balneario El Corozo, Poliguárico encontró sin vida a Héctor Montoya, de 25 años, sobrino del otro occiso Julio “El Bobo” González, de 49 años. Laudelina Gonález, hermana de Julio González, carga encima sendas carpetas con documentos para intentar explicar lo que sucedió. A las 11 de la noche del 29 de septiembre del 2004, tío y sobrino fueron a comer perros calientes frente al Hotel Palace de Valle de la Pascua.
Testigos dijeron que dos motos de la BIA y un Corolla blanco se los llevaron. Luego los encuentran golpeados y con un tiro de gracia en la cabeza. Julio González , quien había incursionado en el mundo boxístico, también manejaba una finca por la vía de Tucupido, que según su hermana, le entregó el INTI como presidente de una cooperativa. Su sobrino estaba de visita, pues residía en Apure. Tenía 15 días de haber llegado de Cuba, donde participó en un programa educativo del gobierno nacional. En la foto se observan los diplomas que recibió.
• NEYDA SÁNCHEZ
Joanny Blanca Sánchez recibió 3 disparos mortales en el pecho el 21 de septiembre de 2003, durante un operativo de la BIA y CICPC, justo un día antes de cumplir sus 22 años.
Blanca llegó a su casa ubicada en un terreno invadido del sector Minas de Arena, ese día, a las cinco de la tarde, con una borrachera fenomenal luego de dos días bebiendo consecutivamente. Su esposa, Omega, lo esperaba con varios reclamos, y él respondió con furia verbal y física, lo suficiente para que lo denunciaran en la CICPC, con la esperanza de que le hicieran firmar una caución para no pelear más. Los oficiales fueron al populoso sector con Omega, montada en el vehículo y no le permitieron bajarse. Desalojaron a los vecinos y entraron en su casa junto a la BIA. Dispararon y salió un oficial que le dijo a Omega: “cómo se te ocurre traernos aquí para que tu esposo nos enfrente”. Ella estaba confundida porque su esposo no tenía armas, y lo había dejado dormido en la cama, con un interior como vestimenta. |
